Las gestiones de universidades, entidades federales y científicas para investigar el aumento en el nivel del mar y producir soluciones a las inundaciones que afectan a comunidades costeras o cercanas a cuerpos de agua merecen respaldo y seguimiento con acciones efectivas.

Los datos recopilados hasta ahora confirman que el aumento en el nivel del mar es evidente en Puerto Rico, como en otras partes del planeta. Prevenir la pérdida de vidas y propiedades debido a un problema recurrente en muchas comunidades es un imperativo de los gobiernos. Mientras, la integración de científicos y de la academia es vital para responder bien a estos cambios.

La Junta de Planificación estima que unas 200,000 estructuras ubican en zonas inundables. De estas, unas 30,000 tuvieron daños de 30 a 70% a causa de los huracanes de septiembre. En algunos lugares del país, las inundaciones surgen sin lluvia, según plantean vecinos que las asocian a las subidas de la marea. Ese señalamiento es parte de lo que investigaciones de peritos podrán aclarar.

La inquietud es más latente que nunca pues tras el paso de los huracanes Irma y María, el país tuvo en 2017 su encuentro más cercano con esa nueva realidad de inundaciones extremas.

Recientemente, el diario The New York Times puso la lupa sobre las manifestaciones de cambio climático en la costa de Luisiana. El estado ya perdió una cuarta parte de sus humedales. Mucha de esa pérdida ocurrió en tres años, con los embates de los huracanes Katrina, Rita, Gustav y Ike. En 2011, el gobierno federal retiró 35 nombres de lugares, incluidas islas, bahías y lagunas que ya no existen. Los planificadores estatales estiman que otras 2,000 millas cuadradas -y posiblemente hasta el doble de eso- queden bajo agua en 50 años. Y las autoridades del estado ya han destinado más de $48 millones para relocalizar a cien familias de apenas una de las varias islas cercanas a la costa continental.

En contraste, la preparación para enfrentar el cambio climático en Puerto Rico ha lucido fuera de las prioridades mayores de acción de los gobiernos. Después de la fuerte marejada ocurrida en los pasados días, no obstante, ha sido positiva la iniciativa de la comisionada residente Jenniffer González al movilizarse a Loíza para observar el daño de la erosión costera con personal del Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Recursos Naturales. La funcionaria ha prometido procurar fondos federales para mitigación de los daños severos en nuestras costas.

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