Las vacilantes órdenes emitidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) eran interpretadas por ambientalistas como el reflejo de las luchas internas en el gobierno a favor y en contra de la construcción de un área recreativa para el condominio Sol y Playa en Rincón, que, según los opositores del proyecto, invade la franja costera que por ley debe ser de dominio público en la playa Los Almendros.

El viernes, el DRNA emitió una orden paralizando la construcción del área que es usada como zona de anidaje por tinglares y careyes, especies cuyas poblaciones están amenazadas. Pocas horas después, la agencia emitió una enmienda que limita el alcance de la orden y que, en la práctica, permite la reanudación de la construcción de la piscina y la verja que quieren los titulares del condominio.

Actualmente, la delimitación de la zona marítimo terrestre, que permite la construcción, está siendo impugnada porque supuestamente debía tomar en consideración factores adicionales como unas dunas expandirían demarcación actual. Los vecinos del condominio, en cambio, reafirman que se trata de una reconstrucción de una piscina que antes existía y que fue destruida por el huracán María en el 2017. Los opositores estiman, en cambio, que el permiso que permitió la construcción original era inválido, y que el actual también, porque violan la ley.

“No entiendo cuál es la mentalidad del DRNA que se empeña en darle los bienes de dominico público a un grupo privado. La OGPE (Oficina de Gerencia de Permisos) y la Junta de Planificación (JP) también han actuado igual. Yo quisiera creer que esto es ignorancia y no corrupción. Son personas educadas con un puesto en el gobierno que les exige actuar en defensa de los recursos”, dijo hoy Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant.

“Primero está la falta de diligencia y respuesta conforme a la severidad el caso de parte del DRNA. Si el secretario (Rafael Machargo) tenía desde el domingo pasado el borrador de la orden, sorprende que no la firma hasta el viernes. Después está la chapucería de emitir una orden que ha tenido cinco días en el escritorio, y a las dos horas corregirla, eso demuestra cuán desajustada está la operación. Quién intervino para provocar esas correcciones (en la enmienda) es algo que se debe mirar”, expresó por su parte, el planificador y arquitecto, Pedro Cardona Roig.

El proyecto ya levantó sospechas en la Cámara de Representantes, donde se resaltó un posible conflicto de interés por parte de un funcionario del gobierno que intervino en el proceso de permisos de la construcción. Según trascendió, Idelfonso Ruiz, quien en la División de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) intervino con el proceso pese a que un socio suyo servía como el consejero ambiental de la junta directiva del condominio.

“La comunidad científica está preocupada por lo que sucede. Esto no es algo difícil de entender”, dijo Chaparro, quien destacó que este no es el único caso de construcciones en áreas que deberían estar protegidas.

En esta controversia se conjugan varios problemas. Por un lado, el cambio climático y el alza que se experimenta en el nivel del mar, cambia las costas y la demarcación de la zona marítimo terrestre. Del mismo modo, históricamente se ha permitido la construcción en las costas por una interpretación equivocada de los elementos que, en esta parte del planeta, se deben usarse para trazar donde empieza la tierra y el mar, explicó el oceanógrafo, Aurelio Mercado.

El científico resaltó que La Ley de Puertos de 1886, todavía vigente en Puerto Rico, copia el sistema español de demarcación de la zona marítimo terrestre. Mercado explicó que, en lugares con amplias diferencias entre la marea alta y baja, se usa la marea alta como referencia. Esto funciona, por ejemplo, para la costa al norte de España. Sin embargo, en sitios como Puerto Rico y las costas mediterráneas de España, la marea no experimenta grandes fluctuaciones, por lo que el referente debería ser distinto, y ceñirse por las olas de tormenta, que es cuando se marca la real extensión del mar.

“Usar la marea alta como delimitador de la zona marítimo terrestre es privatizar las playas. En Puerto Rico no se puede usar la marea alta como delimitador. A la larga la naturaleza va a ganar. Y entre una cosa y otra van a gastar miles y miles en luchar contra de la naturaleza”, dijo Mercado al destacar que la reconstrucción de la piscina es porque un evento ambiental la destruyó una vez por su mala ubicación.

Se supone que los primeros 20 metros de la costa estén compuestos por una franja de zona marítimo terrestre y una de espacio de dominio público en el que no se puede construir. En los 30 metros posteriores no se pueden hacer construcciones permanentes a menos que medie una concesión o excepción, explicó Cardona Roig.

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