La organización Amigos del MAR (Movimiento Ambientalista Revolucionario) denunció hoy, jueves, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “ni siquiera ha comenzado” la investigación sobre los daños al ecosistema costero que proyectistas que operaban si permisos habrían causado, hace un mes, en Piñones, Loíza.
Vanessa Uriarte, presidenta de Amigos del MAR, indicó que los abogados de la organización llevan varias semanas esperando que el DRNA les dé acceso a la “información oficial” de los hechos, incluyendo el nombre del dueño del terreno impactado, así como de la compañía presuntamente responsable de los daños.
“Nosotros continuamos con el proceso de monitoreo en el área, pero quien puede hacer algo en propiedad es Recursos Naturales. La agencia está inoperante y eso redunda en ineficiencia absoluta”, dijo Uriarte a El Nuevo Día, tras reiterar que lo ocurrido en Piñones fue un “desastre ecológico”.
Contó que ayer, miércoles, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, que preside Albert Torres, celebraría una vista ocular en el área impactada, pero fue cancelada por las exequias del exgobernador Carlos Romero Barceló en el Capitolio. Se celebrará en una fecha posterior no especificada.
Según Uriarte, el senador Torres, al igual que los abogados de Amigos del MAR, tampoco ha logrado acceso a la información del DRNA sobre los sucesos de hace un mes.
“No hay ningún tipo de comunicación. Recursos Naturales no ha movilizado nada como parte de la investigación. Ni siquiera se ha sometido a la oficina central (del DRNA), porque quien paralizó los trabajos fue el Cuerpo de Vigilantes (de la Unidad Marítima de Piñones). Todo tiene que someterse a las oficinas centrales, para que entonces se asigne un oficial que lleve el proceso administrativo a otro nivel. Nada de eso ha ocurrido, lo que nos da a entender que la investigación ni siquiera ha comenzado”, aseveró.
Uriarte dijo que, aunque no han identificado nuevos daños al ecosistema costero en la zona, alertó sobre la instalación de una verja, “para lo cual se enclavó cemento al borde de la carretera”. “No hay ningún rótulo de permiso para instalar nada, así que no tenemos detalles”, expresó.
Agregó que Amigos del MAR radicó una querella ante el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés), ya que, en los sucesos de hace un mes, una boa puertorriqueña murió aplastada por maquinaria. Se trata de una especie en peligro de extinción protegida por leyes federales y estatales. “La agencia federal está corriendo un proceso paralelo, pero depende de que la agencia estatal notifique quiénes son los dueños, porque alguien tiene que responder”, dijo.
Al paralizar los trabajos, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, advirtió sobre “posibles violaciones” a la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra (Ley 132), la Ley de Bosques de Puerto Rico (Ley 133) y la Ley de Vida Silvestre (Ley 241). También, dijo que el proyecto no tenía permisos o endosos del DRNA, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) ni ninguna otra entidad gubernamental.
En el área impactada, había un letrero con información sobre permisos, en el que se indicaba que el trámite era de “limpieza de finca y camino de acceso”, y se identificaba como dueños a Vaciatalega Village, SE y Mark Greene Schotland. Según Amigos del MAR y una fuente de El Nuevo Día, los terrenos le pertenecen a Luis Alberto Rubí, exproponente del abortado proyecto turístico Dos Mares Resort.
“Todo esto es un abuso de Recursos Naturales porque, si paralizaron los trabajos, mínimamente deben movilizarse para investigar qué fue lo que pasó”, puntualizó Uriarte.
LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ELNUEVODIA.COM