Al concluir el tiempo de silencio que impuso el proceso de mediación, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) arremetió ayer contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al señalar que el acuerdo con ciertos bonistas del gobierno central se hará a costa de miles de individuos, trabajadores, organizaciones de salud y comercios en Puerto Rico.

En entrevista con El Nuevo Día, Alvin Velázquez, representante del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), y el cofundador de Unitech Engineering Group, Ramón Ortiz, aseguraron que el UCC –que representa unos 80,000 acreedores del gobierno, a excepción de los pensionados– se propone objetar el acuerdo que se ha pactado con ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“La realidad es que hay argumentos legales sólidos para retar la validez de parte de la deuda”, dijo Velázquez, en referencia a los litigios que la JSF y el UCC radicaron en conjunto para invalidar unos $10,000 millones en tales obligaciones.

Según el abogado, en realidad, el pacto con la JSF no recorta sustancialmente la deuda emitida por bonos. Más bien, agregó, la JSF pagará a los bonistas a costa de sacrificar el pago que deben recibir otros acreedores.

El acuerdo, divulgado el pasado domingo por la JSF, pagaría entre 72 y 77 centavos de dólar a los tenedores de GOs y AEP, lo que supondría un recorte de un 25%.

Sin embargo, los contratistas y suplidores del gobierno agrupados bajo el UCC verían un recorte de 98%. A estos, la JSF contempla pagarles menos de tres centavos de dólar, denunció Velázquez.

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