Líderes del sector cooperativista celebraron la reciente firma de la ley para el desarrollo de cooperativas eléctricas o de energía en la isla, y afirmaron que el modelo permitirá democratizar el servicio y que se ofrezca al menor costo posible.

Manifestaron, además, que, al permitir que las comunidades sean dueñas de sus propios sistemas eléctricos, procurarán que sean confiables y atiendan sus necesidades a cabalidad.

El pasado 14 de diciembre, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto Rico (Ley 258-2018), que las declara política pública en aras de apoyar la descentralización del modelo energético. El origen del estatuto es el Proyecto del Senado 984, radicado de manera bipartita por Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia.

La ley define a las cooperativas de energía como aquellas que tienen el propósito de satisfacer las necesidades individuales y comunes de servicios de energía eléctrica de sus socios y sus comunidades, mediante sistemas de generación, transmisión o distribución eléctrica.

“Oportunidad de ayudar”

Para Jaime Cuevas, gerente de Mercadeo a Cooperativas de la Cooperativa de Seguros Múltiples, la Ley 258 permite que los ciudadanos “comunes” sean autores y actores del quehacer y futuro energético en sus comunidades.

“Tendrán voz y voto en qué tipo de energía se va a usar, cómo se va a comprar y hasta cómo se puede distribuir. Eso va a empoderar a las comunidades, y tiene un impacto en la calidad del servicio. Las cooperativas no se enfocan en el lucro, sino en el servicio”, aseveró Cuevas.

Según la ley, aunque las cooperativas eléctricas tienen el rol primordial de satisfacer las necesidades de sus socios y sus comunidades, también podrán suscribir contratos de venta de energía con otros consumidores afiliados, así como vender el exceso de su producción a otros servicios de la red o a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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