Los estudios para determinar cuán posible es establecer en Puerto Rico “granjas de viento” o centrales de producción eólica mar afuera como alternativa de generación de energía renovable ya comenzaron y están a cargo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), entidad federal que trabaja de la mano de LUMA Energy.
Las granjas de viento es el nombre que se da al conglomerado de turbinas o molinos que usan la fuerza del viento para generar energía y que destacan por su baja emisión de contaminantes al aire. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le ordenó a LUMA el 24 de agosto de 2020 que evaluara la viabilidad y el costo de desarrollar una granja solar en la Isla.
Según trascendió en la reciente conferencia técnica del Negociado de Energía, ya personal del laboratorio ha realizado estudios preliminares sobre los patrones de viento, pero tendrá que trabajar ahora en conseguir mapas detallados, así como información específica de otras fuentes —como las entidades que hacen mediciones a nivel de la Isla, satélites que recopilan datos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)— para realizar un estudio más detallado.
Hasta ahora se han encontrado con mapas de baja resolución y datos que no incluyen la medición de la fuerza del viento en periodos menores de una hora. Tampoco hay información de los años recientes, lo que hace difícil hacer proyecciones de eficacia por zonas.
No obstante, los datos preliminares apuntan a que las zonas de mayor prospecto en torno al viento están en el sur y el este de la isla grande, aunque no se descartan zonas cercanas a las islas municipio de Vieques y Culebra.
La información que finalmente levante el NREL se utilizará para determinar la viabilidad de la central eólica y posteriormente para la búsqueda de accionistas que inviertan en la construcción.
En la presentación del NREL ante el Negociado de Energía a cargo de Nate Blair, se expuso que será “necesario desarrollar nuevos sistemas de pronósticos del tiempo para los próximos 15 años para acumular datos más precisos, establecer controles de calidad en los datos, convertir todos los datos recopilados y entregarlos, y reportarlos para que se puedan usar”.
Según las regulaciones vigentes en Puerto Rico, las granjas no podrán estar a más de nueve millas náuticas desde la costa para no afectar las actividades comerciales de pesca o actividades recreativas.
Matt Shield, técnico del NREL, explicó que aun cuando la fuerza del viento sea lo suficientemente estable para hacer una granja de viento en algún lugar, si se encontrara que afecta zonas sensitivas como hábitats marinos de alto valor o zonas de gran uso recreativo, no recomendarían que se establezcan porque son factores que toman en consideración.
Además, deberán estudiar en detalle la profundidad de las aguas.
Como parte del informe que rendirán, deben establecer múltiples estimados de costos, incluyendo la construcción, la operación de las turbinas —ya sean flotantes o ancladas al mar—, su mantenimiento, así como el costo de producir la energía.
Blair explicó que aunque al principio el costo pueda ser alto, a largo plazo se reduce y usó de ejemplo el costo de granjas similares en Hawái. La vida útil de las turbinas es de unos 25 años y aunque tendrán que incluir el precio de decomisar las unidades una vez se extinga el periodo de uso, Shield señaló que a nivel mundial no se ha decomisado ninguna.
El NREL debe terminar su parte del estudio en 10 meses y luego LUMA deberá completar la parte que le corresponde. Ambas etapas podrían tardar alrededor de dos años, según el estimado provisto por el NREL.
Blair informó que el estudio de viabilidad y costos será financiado por el Departamento de Energía federal, por lo que “no tendrá un impacto económico para Puerto Rico”.
Durante la sesión de preguntas, algunos comisionados del Negociado de Energía establecieron la necesidad de que el estudio se complete antes de que comience la segunda revisión del Plan Integrado de Recursos (PIR), que es el documento que rige lo que se hará para el desarrollo de energía en Puerto Rico por los próximos 20 años.
El plan se estableció en 2017 y tuvo su primera revisión en 2020, porque se revisa cada tres años.
Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hizo hincapié en declaraciones a EL VOCERO en la importancia del periodo para que se complete el estudio.
“Son estudios que toman tiempo, tienen que tomar en cuenta la profundidad del mar, la velocidad del viento, entre otros factores, es un tema muy interesante. Pero el Plan Integrado de Recursos se revisa cada tres años y ya quedan dos. Lo que necesitamos es que ese estudio se complete porque de eso depende que se pueda establecer si se va a incluir o no en el plan para no seguir arrastrando los pies con el tema de la energía renovable”, afirmó.
Actualmente la Isla apenas produce 5% de la energía que consume de fuentes renovables.
La meta final según el PIR es que en cuatro años el 40% de la generación provenga de fuentes alternas, lo que debe incrementar a 60% para 2040 hasta llegar al 100% para 2050, según estipula la Ley 17-2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.
Según reportó EL VOCERO esta semana, se asegura que los proyectos de energía renovable que están en planes podrían demorar hasta 10 años en lo que empiezan a generar la electricidad.
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