En lo que ha sido catalogado como un movimiento de justicia social y liberación energética, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña ya cuenta con un documento que la acredita en cumplimiento de los requisitos para competir por administrar y generar la energía que produce la hidroeléctrica del Lago Dos Bocas y Caonillas, de Utuado.

La documentación fue entregada el 1 de julio, siete días antes que venciera el plazo para que las Cooperativas entregaran los documentos de solicitud de cualificación a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), después de meses de trabajo y organización.

“Es día histórico porque, por primera vez, las comunidades organizadas a través de una cooperativa tienen el poder para participar en la transformación energética de nuestro país”, dijo a NotiCel Maribel Hernández Soto, de la organización sin fines de lucro Unidos por Utuado. “Estábamos en el proceso de organizar la cooperativa cuando salieron los requisitos para hacerlo a través de la Autoridad de Alianzas Público Privadas y daban seis semanas para procesar el documento que es requerido y que es de sobre 600 páginas y buscamos la manera de que se estableciera la desincronización de la fecha límite”.

Hernández Soto se refiere a “la errática sincronización de fechas que ofrecía el gobierno para radicar su solicitud a tiempo como cooperativa”.

El 22 de enero de 2018, surgió la Ley 120-2018, sobre la transformación de Sistema Energéticos de Puerto Rico, que propulsa que la hidroeléctrica de Dos Bocas, al igual que otras estructuras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sean rehabilitadas. El 14 de diciembre de 2018, se creó la ley 258-2018, conocida como la Ley de Cooperativas de Puerto Rico. Fue entonces, cuando se vio la oportunidad de asumir las responsabilidad de la energía y, de paso, revitalizar la economía de la montaña, según la licenciada Ametza Delgado Cardona, de la Junta de Directores de la Cooperativa.

Durante el proceso para concretar una propuesta cooperativista que pudiese tomar las riendas de la hidroeléctrica, surgió la Ley 17-2019, sobre Política Pública Energética de Puerto Rico, para “crear los parámetros que guiará a un sistema energético resiliente, robusto y confiable, con las tarifas justas y razonables”. Esta ley surgió el 11 de abril. En ella se establecía que los proponentes tendrían apenas hasta el 3 de junio para radicar la propuesta. Además, en el caso de las cooperativas, se pedía que las mismas fueran certificadas por el Negocidado de Energía de Puerto Rico. Al percatarse de la desincronización de fechas, iniciaron gestiones en el Senado y se extendió la fecha límite hasta el 8 de julio.

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