Un informe reciente de una organización pro ambiente de estudiantes de escuelas de Derecho de Estados Unidos distribuyó calificaciones deficientes contra principales bufetes estadounidenses que facilitaron transacciones que consideran tienen el efecto de acelerar el cambio climático, incluidos algunos que tienen como clientes al gobierno o entidades de Puerto Rico.

El análisis de los “Estudiantes de Derecho por la Rendición de Cuentas sobre el Clima” otorgó una calificación de ‘F’ a 36 de los principales 100 bufetes de Estados Unidos, incluido King & Spalding, empresa que cabildea y asesora a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

También dan F, entre otras, a las firmas Squire Patton Boggs, que este año volvió a representar al gobierno de Puerto Rico; Steptoe & Johnson, que cabildea para la Asociación de Productos Medicaid y Medicare (MMAPA); y Akin Gump, que lleva a cabo cabildeo para la organización ‘Puerto Rico Statehood Council’.

Mientras, a DLA Piper, otro bufete que cabildea para el gobierno de Puerto Rico, el análisis “2021 Law Firm otorga una D. Es la misma calificación que se le otorga a Holland & Knight, que ha vuelto a cabildear para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas.

El informe, publicado en agosto, analizó el desempeño de las principales 100 firmas de abogados en Estados Unidos a base de las transacciones relacionadas al combustible fósil que llevaron a cabo, que calculan alcanzó los $1.36 billones (trillones en inglés) durante los últimos cinco años, y quienes sus clientes.

El grupo estudiantil – reunido bajo el nombre de “2021 Law Firm Climate Change Scoreboard”-, exhortó a los clientes de las firmas a asegurar que sus asesores legales y de relaciones con el gobierno están comprometidos con la lucha contra el cambio climático o reducen su respaldo a la industria de combustibles fósiles.

Más aún pues reconocen que algunos de esos clientes son solidarios con los esfuerzos dirigidos a hacerle frente al cambio climático, según el análisis, encabezado por Michaela Anang, de la Escuela de Derecho Davis en la Universidad de California.

En el caso del gobierno de Puerto Rico, la ley obliga a encaminar un sistema de energía eléctrica que para 2050 sea 100% dependiente de fuentes de energía renovable. “El movimiento dirigido a cambiar la industria legal crece”, indicó el informe.

El análisis indica que entre 2016 y 2020 las cinco firmas que más compensación obtuvieron por cabildeo a favor de la industria de combustibles fósiles fueron Akin Gump ($6.78 millones); Hogan Lovells ($5.32 millones); Squire Patton Boggs ($5.2 millones); Steptoe & Johnson ($3 millones); y McGuire Woods ($1.95 millones).

El informe incluye el trabajo de estudiantes de las universidades de Yale, Alabama, Berkeley, Stanford, American University y Harvard.

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