Sin vistas públicas y a pesar del rechazo de gremios periodísticos y organizaciones que defienden el acceso a la información, la Asamblea Legislativa aprobó y envió a La Fortaleza dos medidas cuyo objetivo dice ser la transparencia y la divulgación de datos.

El proyecto de la Cámara 1095, una medida de administración, establece la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Con él se garantizaría que cada agencia de gobierno, así como las Ramas Legislativa y Judicial, tengan Oficiales de Información que canalicen cualquier petición.

A través de enmiendas, la Legislatura eliminó la posibilidad de solicitar información de forma verbal,  suprimió un artículo completo de sanciones administrativas que incluía una multa de $250 a quien obstruyera el trámite o se negara a gestionarlo, y descartó un estatuto que garantizaba que, si la información pública es de fácil acceso, “no requiere que la entidad tenga que realizar investigaciones o solicitar información a otras dependencias (…) y deberá ser entregada de inmediato”.

En cambio, establece un término de 10 días laborales para  entregar o denegar lo solicitado. Si se tramita en una oficina regional, en cambio, serían 15 días.

Por otra parte, el proyecto senatorial 236 establecería la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, donde se desglosan doce excepciones para no tener que divulgar datos. Se trata de  una adaptación de las nueve excepciones establecidas en la Ley  federal de Libertad de Información  (FOIA, en inglés), pero ampliando algunas de ellas.

Por ejemplo, ambas regulaciones eximen de divulgación “información relacionada con comunicaciones entre dependencias”. La local deja la premisa abierta, mientras que la federal especifica y enumera los privilegios legales que protegen esta información.

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