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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales apunta al cierre de vertederos

La agencia clausurará, al menos, cuatro, y utilizará parte de los $40 millones aprobados por el Congreso después del paso de los huracanes Irma y María.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) prevé el cierre de, al menos, cuatro de los 18 vertederos que operan en incumplimiento en la isla y, para lograrlo, utilizará parte de los $40 millones aprobados por el Congreso, tras el paso de los huracanes Irma y María, para atender asuntos de desperdicios sólidos a nivel local.

Así lo informó la gerente interina del Área de Contaminación de Terrenos del DRNA, María Victoria Rodríguez, tras anunciar que, “finalmente, los $40 millones fueron autorizados” para desembolso el 23 de julio.

“Con esto, podemos poner en carrera nuestro plan para los sistemas de relleno sanitario… que se puedan cerrar. Vamos hacia eso, pero antes tenemos que ver qué vamos a hacer con los municipios que depositan su basura en estas instalaciones”, dijo a El Nuevo Día.

Indicó que no podía divulgar los nombres de los vertederos que cerrarían porque no son decisiones finales. Aseguró, no obstante, que hay varios “candidatos potenciales ya identificados”, y que el tema lleva “varios años” bajo evaluación en el DRNA.

“Parte del dinero (de los $40 millones) se usará para el cierre ordenado de vertederos. Serían cuatro o más. Lo hemos discutido internamente con el grupo, y estamos trabajando sobre ello, porque cerrar un vertedero no es ponerle un candado y ya. Hay que hacer planes que requieren aprobación, diseños y mucho trabajo de ingeniería. Esto es algo que tomará su tiempo”, agregó.

Al momento, en Puerto Rico, operan 29 vertederosDe esos, solo 11 tienen revestimientos sintéticos o “liners” para evitar la percolación de lixiviados (residuos líquidos de la basura) al subsuelo y los acuíferos, sistemas de control de escorrentías, pozos de monitoreo y tapan los residuos diariamente, entre otras medidas de prevención de contaminación. Para efectos de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), esos 11 son “sistemas de relleno sanitario” y operan en cumplimiento reglamentario.

Los restantes 18 son “open dumps” (vertederos abiertos). No tienen “liners” ni las demás medidas de control y prevención de contaminación, por lo que operan en incumplimiento. De ese grupo, 11 tienen órdenes de cierre y acuerdos por consentimiento con la EPA. Los vertederos de Aguadilla y Santa Isabel también tienen órdenes de cierre, pero ya no reciben basura. En ambos, aún se realizan trabajos relacionados con su clausura, por ejemplo, monitoreo de agua subterránea.

Según Rodríguez, una de las gestiones en las que trabajan para encaminar el cierre de vertederos es conseguir un “método alterno de cubierta final” que no sea tan costoso. Se refirió a que, cuando se cierra un vertedero, la basura tiene que taparse con un “tipo de tierra o material que es costosísimo”.

“Hicimos una evaluación, y encontramos que existen métodos y tecnologías para usar otro tipo de suelo, lo que facilitaría el cierre porque no sería tan caro. Eso sería de mucha ayuda”, afirmó.

Por otro lado, indicó que, con los $40 millones, también se haría un estudio de caracterización de residuos, una herramienta clave para determinar los componentes de la basura y diseñar estrategias que eviten su generación y eventual disposición. En Puerto Rico, el último análisis de ese tipo se hizo en 2003.

En enero de 2019, la entonces secretaria del DRNA, Tania Vázquez, indicó a este diario que el nuevo estudio de caracterización se completaría ese mismo año, pero no ocurrió. En enero pasado, el actual secretario Rafael Machargo dijo que trabajaban con la EPA para sacar “temprano este año” la solicitud de propuestas para el estudio, pero tampoco pasó.

En aquella ocasión, Machargo señaló que, una vez se complete el estudio de caracterización, se elaboraría un plan de manejo de residuos sólidos, a un costo de $1 millón. Ahora, Rodríguez se refirió a dicho documento como el “plan de infraestructura”, y añadió que, con los $40 millones, también se reclutarán empleados para, por ejemplo, hacer inspecciones y evaluaciones de permisos.

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