El grave problema que hoy sufren los ciudadanos de Loíza y varias otras comunidades que ubican próximo a las costas no solo se debe atribuir, como se ha pretendido, al alegado ascenso en los niveles de los océanos causado por los cambios climáticos. El problema de erosión costanera y el desvanecimiento de nuestras playas norteñas se debe a varios factores que incluyen desde la mala ubicación de grandes represas hasta las malas decisiones y manejos que fueron oficialmente observados durante las últimas décadas, por todas las administraciones, las cuales asumieron las riendas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
La difícil situación creada por la erosión de nuestras costas, la cual se refleja en el menoscabo de nuestras playas y hasta la desaparición de algunas, se debe principalmente a las extracciones clandestinas e indebidas y al súbito corte del abundante material arenoso que periódicamente solía nutrir estas costas y playas. Brevemente expuesto: los sedimentos arenosos que fluían hacia nuestras playas ya no se encuentran disponibles, debido al diseño y a la mala ubicación de grandes represas que fueron construidas en los tramos finales de los principales ríos troncales. Dichas obras se convirtieron en enormes trampas que interceptaron y cortaron así el flujo y las descargas de los sedimentos arenosos hacia los valles y costas del litoral norteño de Puerto Rico.
A esa adversa situación, creada por la planificación ingenieril indebida, se suman las extracciones licenciosas que por décadas fueron autorizadas y que fueron objeto de preventa por algunos funcionarios que ocuparon altos cargos en el entonces creado Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. A ello se suman también las acciones de algunos legisladores que se rindieron a la delincuente práctica del cabildeo que apuntaba a la explotación de esos recursos. Dichas extracciones no fueron controladas ni tampoco supervisadas, por lo que el caos y la destrucción en nuestros sistemas fluviales y playeros aún perduran y se agravan con el paso de los años.
Está en orden mencionar que, a mediados de la década del 1960, el geólogo Pedro Gelabert, quien entonces estaba a cargo de la División de Geología del Departamento de Obras Públicas, y el que suscribe, adelantamos la prohibición de extracciones de arena en treinta playas de la costa norte de Puerto Rico. Para entonces, dicha división contaba con cuatro geólogos e ingenieros geólogos. Estos profesionales no solo atendían de manera diligente las necesidades de la entonces División de Carreteras, sino que también extendían sus servicios y recomendaciones a las diferentes agencias gubernamentales que lo requerían.
A partir de la década de 1970 se crean el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental, agencias administrativas de carácter técnico-ambiental organizadas para dar inicio a una mejor mayordomía y protección de los recursos naturales. Era también mandato legal-administrativo de dichas agencias iniciar o continuar investigaciones científicas relacionadas al descubrimiento, inventario y aprovechamiento de los recursos naturales.
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