Menú

El DRNA no atendió todas las querellas de los muelles y las construcciones ilegales en Bahía de Jobos

Mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asegura que en las próximas semanas demandará a las personas que invadieron los terrenos de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, sigue surgiendo información que muestra cómo la agencia estatal no actuó durante años sobre las querellas presentadas.

Durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que duró más de siete horas, se cuestionó a la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, sobre unas 16 querellas que datan de entre el 2004 al 2015 y que no todas fueron atendidas por la agencia.

“Las he leído… Hay unas querellas que hubo unas transacciones y hay otras que no tuvieron resultados”, dijo Rodríguez. “No encontré evidencia de adjudicación administrativa al momento”, agregó la funcionaria a preguntas del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez. 

En un aparte con periodistas, Márquez explicó que son 16 querellas sobre muelles, rampas y otras construcciones ilegales en el área de la reserva. Indicó que las querellas se desprenden de los documentos que sometió el DRNA a la comisión cameral, que preside Edgardo Feliciano, y donde se sustenta que hubo violación al Reglamento 4860, que regula zona marítimo terrestre.

“Encontré alrededor de 16 querellas del 2004 al 2015 por violación al Reglamento 4860, que es el reglamento que da concesiones en la zona marítimo terrestre como muelles, rampas y algún tipo de construcción limitada. Muchas de esas querellas son de los propios vigilantes de Recursos Naturales”, dijo Márquez al ser cuestionado por la prensa.

Afirmó que muchas de las querellas están sustentadas con informes de la directora de la reserva, Aitza Pabón. “No todas las querellas han sido adjudicadas. Por lo tanto, nunca se resolvieron. El propio reglamento da la alternativa de mandar a quitar lo que es ilegal, cosa que no ha pasado. Se transaron multas y el reglamento establece que si se viola intencionalmente esa disposición es un delito. Por lo tanto, tenía que haber un referido al Departamento de Justicia y nada de eso pasó”, abundó Márquez. 

Pero Rodríguez mencionó que ninguna de las multas se ha cobrado y que las querellas no fueron suficientes para detener a las personas y las ilegalidades dentro del área.

“Falta todavía la identificación de varias personas que van a ser demandados y la información para los emplazamientos correspondientes… Nos encontramos recopilando esa información con las demás agencias y ciertamente (se tardará) varias semanas”, reconoció.

“Van a estar incluidos Joe Doe, Juan del Pueblo y todo el mundo, pero ciertamente queremos presentar una demanda contundente, una demanda que incluya la mayor cantidad de personas y que evite las enmiendas innecesarias”, agregó Rodríguez.

Con relación a la acción civil, indicó que el DRNA ha realizado los análisis legales necesarios para esta causa de acción. En esa línea, Rodríguez agregó que han recopilado la evidencia necesaria para el pleito legal e identificado testigos y demandados.

“El Departamento ya refirió esto al Departamento de Justicia. Quien puede radicar alguna acción criminal es el Departamento de Justicia”, dijo. “El bufete se encarga de la acción civil y el Departamento de Justicia de la investigación criminal. Ya estamos preparados para en las próximas semanas hacer nuestra parte civil”, sostuvo la funcionaria.

Rodríguez indicó que no podía indicar una fecha exacta sobre cuánto tiempo tomaría restituir el daño ocasionado en la reserva. Manifestó, sin embargo, que el daño es reversible y que así consta de las reuniones que ha sostenido con los biólogos de la agencia. Precisó que volver a la reserva a su estado natural, en cambio, conllevaría invertir millones de dólares.  

“Estamos tomando los primeros pasos, que es el desahucio o cualquier acción civil pertinente. Luego de eso (se hará) una evaluación de los daños para entonces responsablemente hacer una mitigación de todo. Si quitar el relleno es peor que dejarlo (pues eso se tiene que evaluar), pero sí hemos dialogado que sobrepasa los millones de dólares”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, cuestionada por la prensa, aclaró que el proceso no será uno de desahucio, sino varios procedimientos que incluyen administrativos. “Va a ser una demanda, una acción reinvidicativa. Pero ciertamente se van a sacar a las personas que están ilegalmente dentro de la reserva”, afirmó Rodríguez, quien indicó indicó que también se solicitará la restitución monetaria del crimen ambiental.

No favorece desalojo sin análisis legal 

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, indicó, al ser cuestionada por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que no estaría de acuerdo en que los residentes bonafides de la comunidad -que llevan viviendo allí por espacio de 40 y 50 años- sean desalojados.

“Yo entiendo que hay que hacer un análisis legal… Tengo que reconocer que más allá de las personas que muy posiblemente tienen ‘second homes’, allí hay unos residentes bonafides a la comunidad que viven aledaños a la rampa y por lo menos en ese caso en particular habría que ver cómo se pudiera trabajar”, abundó Bonilla.

Bajo lupa permisos falsos  

En tanto, el ingeniero Gabriel Hernández, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), indicó que hay una situación con los permisos falsos y que eso no necesariamente significa que hay un profesional autorizado involucrado en el proceso.

Hernández indicó que en uno de los casos presume que el permiso fue fotocopiado y editado con el uso de la tecnología. “Por eso es que cuando se escanea sale una dirección de Aibonito porque cogieron un permiso válido con una dirección de Aibonito, lo falsificaron editando lo que es el número de catastro, la dirección física, el nombre de la persona”, agregó.

Añadió que entiende que con ese permiso entonces se solicitó la conexión de servicio de agua potable y energía eléctrica. “(El permiso) se presume que es correcto, no es hasta tanto Anaís (la secretaria interina del DRNA) nos envía un historial que se hace un inventario y se certificó que ninguno de esos permisos están en nuestra base de datos. Si no está en nuestra base de datos, el permiso no existe y si no existe, pues se presume que fue falsificado”, dijo. 

Se lava las manos la AEE 

En tanto, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, precisó que todos los récords de la infraestructura de transmisión y distribución está en las manos de LUMA. “LUMA, presumo yo, debe estar verificando desde el 1ero de junio toda esa información referente a esa infraestructura la manejan ellos”, abundó Colón.

“Gran parte de los funcionarios que estaban en la AEE antes del 1ero de mayo en el área de transmisión y distribución y servicio al cliente también están con LUMA. Así que yo presumo que en el área de ellos está el personal y la información para poder contestar las preguntas”, indicó Colón, al mencionar que dicha corporación pública ya no tiene acceso a esos datos.

Colón mencionó que, de un informe que la corporación pública mandó a preparar hace unas semanas, se desprende que toda la información está en la base de datos o en las oficinas comerciales que están bajo custodia de LUMA. “Podemos decir de una manera preliminar que aparenta (ser) que hay permisos que tenían el mismo número, otros que aparentan una secuencia, lo que indican que podría ser fraudulentos”, agregó Colón.

“Si eso se valida con la información que hay en los récords, pues ese cliente fue el que hizo una falsa representación ante la AEE porque el oficial que haya estado ahí recibiendo la información no es un perito de documentos, él presume que esos documentos que se presentan ante sí (son reales)”, manifestó Colón al defender la gestión de los empleados de la corporación.

LUMA solicita validación de permisos 

En tanto, el asesor de asuntos externos de la compañía LUMA Energy, José Pérez, indicó que se le solicitó la semana pasada a la OGPe una validación de los permisos que se han otorgado en esa área, específicamente los que se entiendan que fueron otorgados ilegítimamente.  

“Para entonces nosotros proceder a notificarle a los clientes de que en efecto tienen algún tipo de situación en la permisología que entregaron. Claro, a sabiendas que hay permisos que datan de muchas décadas que ya no están, que no existe el documento. Así que habría que darle ciertamente un debido proceso de ley a las personas para que demuestren en su momento si tienen o no una permisología correcta”, abundó Pérez.

En ese sentido, Pérez añadió que puede haber casos, por ejemplo, donde hubo transferencias de cuentas. “Puede haber cambios de nombres en cuentas… Pero no necesariamente se puede presumir que esta nueva persona haya cometido algún tipo de ilegalidad porque esto venía de muchos años instalado”, precisó. 

Desconectan servicio de agua

Mientras, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, expresó que la corporación comenzó a desconectar el servicio de agua a los abonados de la reserva. Indicó que la desconexión se dio luego del plazo de cinco días otorgado para que los abonados presentaran evidencia válida de cumplimiento.

Agregó que se trata de 13 cuentas. “El pasado miércoles, luego de haberle dado cinco días a los clientes para que pudieran tener la oportunidad de presentar algún documento, pues procedimos a cortar los servicios. Están ubicados dentro de la reserva”, precisó.

De hecho, Pagán mencionó que se ha creado un comité interno para la evaluación de los procesos internos con miras a ver cómo se puede mejorar dentro de la Oficina de Servicio al Cliente de la Autoridad.

LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ELVOCERO.COM

Contáctanos