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El gobierno pide más tiempo para cortar árboles

El Departamento de Recreación y Deportes solicita prórroga de 90 días y atribuye el retraso en los trabajos de tala y poda a las demandas de entidades ambientales y comunitarias

El gobierno solicitó –y aún espera que le concedan– tiempo adicional para completar la tala de 9,925 árboles y la poda de otros 15,001 que presuntamente están enfermos o representan un peligro y no pueden ser salvados.

La fecha de culminación de los trabajos está fijada para este lunes, 30 de noviembre, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que cubre el 90% de los gastos. El costo total de la tala y poda de los árboles asciende a $17.2 millones.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) –que lidera los trabajos– solicitó una prórroga o extensión de 90 días a través de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés). Dicho pedido sigue bajo evaluación.

A través de una comunicación escrita enviada a El Nuevo Día, el DRD informó que, de aprobarse la solicitud, los 90 días empezarían a contar a partir del 30 de noviembre.

Según la agencia, la prórroga se pidió porque no se han completado las obras en las 19 propiedades del Programa de Parques Nacionales y del DRD que se impactarían. El DRD atribuyó el retraso, “en gran parte”, a los procesos judiciales en curso, en los que entidades ambientales y comunitarias denuncian que se cortaron y podaron árboles en exceso, incluyendo especies protegidas.

“Los sitios a impactar no se aumentarán de los originalmente reclamados ante FEMA. Los arbolistas evaluarán las condiciones en que se encuentran los árboles para determinar qué acción procede”, indicó el DRD en su escrito.

El “project worksheet” (PW) u hoja de trabajo del proyecto establece que los árboles deben ser talados y podados por los daños que recibieron tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017. Las compañías autorizadas para las intervenciones son Looks Great Services, DRC Emergency Services y CERES Environmental Services, según el PW.

En dicho documento, se detalla que donde más árboles se cortarán es en el Parque Julio Enrique Monagas, en Bayamón, con 8,000, seguido del centro vacacional y balneario de Añasco, con 1,300. Estos árboles se describen como “inclinados peligrosos”. Mientras, donde más árboles se podarán es en el Parque Ecológico Monte del Estado, en Maricao, con 8,000, seguido del Parque Julio Enrique Monagas, en Bayamón, con 4,000.

A finales de octubre, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) –agencia sombrilla de Parques Nacionales– confirmó a El Nuevo Día que aún no existe un plan de mitigación o remediación de los daños que supone la pérdida de los árboles.

El gobierno tampoco requirió que, como parte de las obras, se separen los troncos con potencial maderero para que sean aprovechados por aserraderos, ebanistas, artesanos o cualquier persona interesada.

Frente a esa realidad –y con la solicitud de prórroga aún pendiente–, la directora ejecutiva de Scuba Dogs Society, Ana Trujillo, emplazó al gobierno a “presentar evidencia” de que los árboles que se cortarán y podarán están realmente enfermos o comprometen la seguridad.

“Igualmente, que nos presenten a los ciudadanos y organizaciones el plan de mitigación. Eso tiene que hacerse antes de que sigan cortando árboles. No sabemos cuántos árboles se sembrarán por cada uno que se corte ni dónde se van a hacer esas mitigaciones”, dijo Trujillo.

Estos reclamos también han sido esbozados por otras entidades sin fines de lucro y ambientales, como Para la Naturaleza y Ciudadanos del Karso.

El Nuevo Día solicitó una reacción al DRNA, pero el portavoz de la agencia, Joel Seijo, la refirió al DRD.

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