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El país debe perseverar en su recuperación

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Nuestro país vive una fuerte consternación como resultado de la serie de investigaciones oficiales por presunta corrupción pública, a las que se suman imputaciones contra el alto liderato. En medio de la confusión que siembra incertidumbre, muy sabiamente, el sector empresarial ha ofrecido recomendaciones claras que permitirían al gobierno fortalecer su credibilidad para acometer la recuperación del país, mientras las imputaciones de corrupción se dilucidan con el mayor rigor en los foros pertinentes.

En lo inmediato, la mejor forma de enfrentar el presente de incertidumbre es trabajar para la recuperación de los estragos huracanados. Para ello urge agilizar el desembolso de los fondos federales asignados. Construir la confianza que permita el flujo de esos recursos es responsabilidad de Puerto Rico, principalmente de su liderato político.

La meta ineludible de balancear el presupuesto requiere, a su vez, trabajar en armonía con la Junta de Supervisión Fiscal, ente creado bajo la ley federal Promesa con la misión de atender las obligaciones. Reestructurada la deuda, Puerto Rico estará en posición de prestar mejores servicios a los ciudadanos y emprender su desarrollo.

La colaboración entre el gobierno local y la Junta ha permitido alcanzar importantes preacuerdos con parte de los acreedores, procurándole ahorros significativos a la isla. Es el caso de los preacuerdos con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, Cofina y el Banco Gubernamental de Fomento, entre otros. Están pendientes negociaciones con otros acreedores de la AEE y con bonistas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El saldo dependerá de la coordinación entre la Junta y el gobierno.

Es preciso que, con liderato y transparencia, Puerto Rico agilice las reformas estructurales que estabilicen la gobernabilidad. Las reformas deben empezar por el rediseño de los equipos de confianza del gobernador. La selección proba de los funcionarios y el balance en la asignación de las responsabilidades son clave en la eficiencia y salubridad administrativa.

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