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El Plan Fiscal provee las guías para regir el Código de Incentivos

El manejo de los incentivos industriales, según el nuevo plan fiscal certificado, provee para un recorte de $184 millones en los créditos contributivos y subvenciones en el año fiscal 2019

secretario Desarrollo Economico y Comercio Manuel Laboy

El manejo de los incentivos industriales, según el nuevo plan fiscal certificado, provee para un recorte de $184 millones en los créditos contributivos y subvenciones en el año fiscal 2019, y mermas adicionales de $67 millones para el 2020.

En total, el 56% de la inversión en incentivos y subvenciones para el impulso empresarial se eliminarían en los próximos 25 meses, según el documento. Solo un puñado de beneficios contributivos serían fortalecidos en esta revisión, como el que impulsa la actividad turística y el que establece créditos para las inversiones en infraestructura para viviendas.

También, hay un impulso, aunque de solo un año, para los decretos especiales de la industria fílmica. Para el resto de los estatutos, el plan fiscal certificado promueve recortes o eliminaciones completas de la inversión pública.

Los detalles de las medidas que permitirán la ejecución de estos cambios se desconocen. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) todavía no ha presentado el prometido borrador del Código de Incentivos ante la Legislatura, a pesar de que se presume que este proyecto de ley es indispensable para el cuadre de las finanzas del gobierno en el próximo año fiscal. La propuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es usar lo que el gobierno se ahorraría en incentivos para cubrir los ingresos que dejarían de llegar al bajarse los tributos con la reforma contributiva que desde hace un mes está bajo evaluación legislativa.

Ayer, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, no estuvo disponible para contestar las preguntas de este diario sobre las más recientes demoras en la presentación del Código de Incentivos, iniciativa que originalmente se esperaba completar para finales del año pasado. Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, explicó, con un tono de frustración, que el proceso de análisis ha tomado más tiempo de lo previsto, pues la eliminación o modificación de estos tratos preferenciales debe armonizarse con otros aspectos como, por ejemplo, la estructura de tributación asociada a la Ley 154 que estableció el llamado arbitrio a las empresas foráneas.

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