Los trabajos con maquinaria pesada en un área de humedales del Municipio de Toa Baja, que afectaron varias cuerdas de terreno de gran valor ecológico, son un llamado de atención para que se establezcan reglamentos más firmes que eviten daños en zonas que deben ser protegidas.

Para remover terreno en un humedal, como sucedió en un hábitat del coquí llanero, que está en peligro de extinción, en Sabana Seca, Toa Baja, debería ser obligatorio contar con las correspondientes evaluaciones de las autoridades concernidas, esto es, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

Si cada ayuntamiento procede a su manera, utilizando maquinaria pesada para remover o arrasar vegetación, el desorden ambiental se apoderaría de la isla. Ninguna zona estaría a salvo de la improvisación, lo que implicaría un enorme costo para el medio ambiente.

En el referido caso, el Municipio de Toa Baja no contaba con los permisos vigentes —presuntamente caducados desde el pasado mayo—, para realizar unos trabajos de limpieza en una zona especial, donde predominan las plantas herbáceas que crecen en ambientes húmedos o pantanosos. Es el entorno donde se ha comprobado que vive el coquí llanero, la especie de rana más pequeña de Puerto Rico, con la distribución geográfica más reducida de todos los coquíes de la isla, concentrados en ese lugar. Esto por sí solo es razón de más para acentuar su protección.

El coquí llanero fue incluido en la lista federal de especies en peligro de extinción en 2012. En ese entonces quedó establecido que, aparte de ser una especie con poca capacidad reproductiva, su aislamiento en ese punto específico de Toa Baja lo hace más susceptible a los cambios climáticos y los ataques externos, mencionándose la contaminación del suelo y la limpieza de canales de riego.

La información está disponible desde hace casi una década, y no hay ninguna razón para que el Municipio de Toa Baja haya procedido como si la desconociera.

En momentos en que se hacen más evidentes los efectos del cambio climático, y los ciudadanos cobran mayor conciencia de la importancia de la conservación, la política pública del país debe evolucionar en esa dirección y establecer protocolos mucho más enérgicos.

Una vez se han consumado las violaciones ambientales, y en este caso se recogieron coquíes aplastados por la maquinaria pesada, o deshidratados por la falta de herbáceas, no hay forma de enmendarlas. Por eso hay que crear mecanismos de prevención.

Todos los municipios cuentan con áreas que son de gran valor ecológico, y es de conocimiento general que deben ser protegidas. Es obvio que es urgente corregir el rumbo que afecta a las especies en peligro de extinción.

No debe quedar solo en manos de los gobiernos municipales la decisión de llevar a cabo trabajos que tengan un impacto evidente en el entorno natural, bien sea en espacios costeros, cuerpos de agua, bosques o humedales como en el caso de Toa Baja. El que no cuente con el consentimiento de los especialistas, ecólogos o biólogos, debe abstenerse de intervenir de ninguna forma.

El deber de preservar nuestros recursos naturales no se limita a una agencia, federal o estatal, ni a los grupos de presión que salen a protestar ante eventos que dañan al ambiente. En cada pueblo, en cada municipio, deben activarse las comunidades, incentivando programas de educación ciudadana, a fin de que todos colaboren en la protección de los recursos únicos.

Hay muchas formas de conciliar el bienestar humano con la protección de criaturas que, al ir desapareciendo del planeta, causan desequilibrios que nos dejan a expensas de insectos perjudiciales y enfermedades. Su extinción nos hace más pobres como sociedad al alejarse del cuido y del respeto a la naturaleza.

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