Washington – El secretismo que rodea los decretos contributivos impide fiscalizarlos, como ocurre con los acuerdos de los beneficios otorgados por el gobierno de Puerto Rico a la empresa VantageKnight, de Manuel Ortiz, quien fue el principal cabildero del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en la capital federal.

La negativa del gobierno a publicar los detalles de los acuerdos impide conocer los servicios específicos que una empresa exporta utilizando la Ley 20, indicó Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, organización que promueve la transparencia gubernamental.

En el caso de VantageKnight, el secretario de Desarrollo Económico y director de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), Manuel Laboy, sostuvo que la empresa obtuvo en febrero de 2018 un decreto contributivo bajo la Ley 20 para exportar servicios de consultoría.

El decreto le permite tributar a solo un 4% por los trabajos que haga en Puerto Rico. La fuente de ingresos y el trabajo realizado tienen que estar basados en la isla, dijo recientemente Laboy.

Blondet llamó la atención a que se trata de una empresa que no solo recibió el visto bueno de Pridco para beneficiarse del estatuto, sino que lo logró en momentos en que tenía un contrato con esa oficina del gobierno, valorado en $690,000 anuales.

En total, VantageKnight le ha facturado a Pridco alrededor de $1.6 millones durante los pasados dos años y medio. Pero la mayoría de los contratos de Ortiz y VantageKnight están fuera de la isla, para los que reportó ingresos y gastos de cerca de $2 millones durante el pasado año fiscal.

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