La tecnología de placas solares es una innovadora y positiva para el ambiente, pero, expertos denuncian que no logra su cometido si son colocadas en tierras agrícolas, ya que produce efectos adversos, como afectar la seguridad alimentaria.

“Lamentablemente situaciones como esta impulsan a uno a actuar sobre lo que vemos que está ocurriendo y lo que temo que podría ocurrir, que es que nuestra generación destruya la base de recursos de la producción agrícola”, expuso el profesor de Ciencias de Suelo del Recinto Mayagüez, David Sotomayor. “Mi gran temor es que, en el afán de crear una gran industria de energía verde, de energía renovable, destruyamos un recurso que no es renovable”, abundó.

Sotomayor denunció que se ha documentado que Puerto Rico enfrenta una pérdida histórica de 70% del suelo para usos agrícolas desde el 1966, por lo que los proyectos de energía de escala industrial agravarían el problema.

A pesar de que el Plan de Uso de Terrenos clasificó alrededor de 635,000 cuerdas de terreno como suelo rústico protegidos de valor agrícola, muchas de esas cuerdas se están usando para la expansión de este tipo de proyectos de escala industrial.

“Estos son proyectos que hoy en día son ilegales, porque al estar clasificados en el plan de uso de terreno como suelo rustico eso claramente establece que es para uso exclusivo agrícola”, expuso el portavoz del Frente Unido del Valle de Lajas, Alfredo Biboni. “Están proponiendo acciones ilegales con estos proyectos cuando hay otras opciones que son, por ejemplo, colocar las placas fotovoltaicas en los techos de las casas”, agregó.

Inacción gubernamental

El portavoz del Frente Unido del Valle de Lajas señaló que han sido muchas las ocasiones en las cuales ha tratado de ponerse en contacto con el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, no han recibido respuesta alguna.

“Que sean responsables, que den cara, que lo digan abiertamente y que expliquen porqué están ocupando la silla que están ocupando cuando ministerialmente se supone que estén haciendo otra cosa”, manifestó Biboni.

Asimismo, la licenciada e integrante del Consejo asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, Ruth Santiago, expuso que el gobierno debe redirigir los fondos federales para placas en techos.

“El gobierno de Puerto Rico tiene a su disposición $9.6 mil millones para atender el sistema eléctrico del país, no tienen que usar estas solicitudes de propuestas de proyectos en terrenos agrícolas”, sostuvo la también especialista en justicia ambiental.

Algunos de los proyectos propuestos son: Xzerta-Tec Solar I, LLC en Hatillo, que serían 203 cuerdas de terreno para producir 60 megavatios a un costo de $90 millones, ; CIRO One Salinas LLC, en Salinas con 542 cuerdas de terreno para producir 90 megavatios a un costo de $330 millones y Montalva Solar Farm en Lajas con 2,800 cuerdas de terreno para producir 165 megavatios a un costo de $250 millones.

“Es imposible hacer agricultura debajo de placas solares porque tapan el sol. No es una cosa afín de una a la otra y por eso insistimos que necesitamos el recurso techo para la producción de energía y la tierra para producción agrícola”, reiteró la agricultora Marissa Reyes.

La coalición exhortó a que los ciudadanos tomen acción y le exijan a los líderes legislativos y gubernamentales a detener cualquier intento de construir proyectos energéticos de escala industrial en tierras agrícolas y de conservación.

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