La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) se desligó de las irregularidades que el sector ambientalista ha señalado en torno a la tala y poda de miles de árboles supuestamente enfermos o peligrosos en espacios públicos a nivel isla.

Asimismo, la dependencia dejó claro que no intervino en la contratación de las tres compañías privadas que el gobierno estatal seleccionó para realizar los trabajos, que son costeados en un 90% con fondos federales.

“FEMA no tiene ninguna participación o responsabilidad en el proceso de contratación entre un solicitante, en este caso el gobierno de Puerto Rico, y un contratista”, dijo a El Nuevo Día, en una declaración escrita, el suboficial de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, Ricardo Agosto Castro.

“En consecuencia, la agencia (FEMA) no tiene ninguna relación contractual con empresas contratadas por el gobierno de Puerto Rico o sus agencias para la ejecución de obras o proyectos”, añadió.

La tala de 9,925 árboles, que se suma a la poda de otros 15,001, se realiza en virtud de un acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). En total, se impactarán 19 instalaciones del Programa de Parques Nacionales, ahora adscrito al DRNA, y de Recreación y Deportes.

Según el gobierno, los árboles deben ser cortados o podados por los daños que sufrieron tras el paso de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017.

Las tres empresas reclutadas para los trabajos son Looks Great Services, DRC Emergency Services y CERES Environmental Services. El proyecto asciende a $17.2 millones.

En esencia, los ambientalistas denuncian que las compañías presuntamente están cortando y podando más de lo debido para aumentar sus ganancias, y que estarían interviniendo con árboles sanos, incluyendo especies amenazadas o en peligro de extinción.

También, cuestionan por qué no existe todavía un plan de mitigación o remediación de daños por la pérdida forestal y por qué el gobierno no requirió que los dueños de aserraderos, ebanistas o artesanos, entre otros sectores, aprovecharan los troncos madereros. Ambas deficiencias fueron confirmadas a El Nuevo Día por el director interino de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales del DRNA, Farel Velázquez Cancel.

Otro asunto que preocupa a los ambientalistas es la posibilidad de que el material vegetativo producto de la tala y poda termine en vertederos, una práctica contraria a la reglamentación vigente y que, de concretarse, acotaría la ya reducida vida útil de dichos sistemas. Esta preocupación se fundamenta, principalmente, en que el “project worksheet” (PW) u hoja de trabajo del proyecto emitido por FEMA establece que “la disposición final (del material vegetativo) se realizará en un relleno sanitario autorizado”.

Sobre estos planteamientos, Agosto Castro indicó que “FEMA toma muy en serio su responsabilidad de asegurar la integridad de los paisajes naturales e históricos de Puerto Rico”.

“Como lo requiere la ley federal, nuestro equipo de Preservación Ambiental e Histórica revisa minuciosamente todos los proyectos de Asistencia Pública antes de que se comprometan los fondos”, sostuvo.

Agregó que FEMA trabaja con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y los subreceptores para proveer asistencia técnica sobre los requisitos del programa de Asistencia Pública.

“El solicitante es responsable de completar el trabajo de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables”, dijo Agosto Castro.

Señaló, por último, que los trabajos de corte y poda de árboles deben completarse el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con el PW.

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