La iniciativa que procura un alivio económico para ese grupo de entidades es el proyecto HR-5418 presentado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la comisionada residente Jenniffer González. La pieza “Empowering Nonprofits Act” permitiría a las entidades sociales que se nutren de donaciones federales reducir el monto de los fondos que deben comprometer para cualificar para las ayudas.

Así tendrían más recursos disponibles para realizar su labor en asuntos de salud, educación y vivienda, entre otras áreas. Se estima que la tarea de estas organizaciones impacta a 700,000 personas en la isla.

La iniciativa legislativa es pertinente y cuenta con el respaldo de representantes del Tercer Sector como Fondos Unidos, SER de Puerto Rico y el Banco de Alimentos de Puerto Rico.

La crisis fiscal del gobierno puertorriqueño ha afectado adversamente a las organizaciones sin fines de lucro. Sus ingresos han mermado sustancialmente en los últimos años debido a las reducciones en los donativos privados, así como en las asignaciones del gobierno estatal. Al mismo tiempo, la fragilidad financiera pública y las necesidades resultantes de la limitada actividad económica han aumentado la necesidad de servicios de las poblaciones empobrecidas.

Este escenario lleva a considerar con más empeño las subvenciones del gobierno federal. Parte sustancial de estas aportaciones se logra mediante propuestas competitivas que son condicionadas al pareo de 50% y hasta 100% de los fondos otorgados. Se trata de cuantías que a muchas de las entidades sociales se les dificulta desembolsar.

La legislación, de ser refrendada por el Congreso y la Casa Blanca, provee para que el pareo de fondos disminuya a 25% por los próximos cinco años.

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