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Frustrada anulación de reservas naturales apunta a otro esquema de corrupción

Frustrada anulación de reservas naturales apunta a otro esquema de corrupción

La restitución de ocho reservas naturales y agrícolas, anuladas en el año 2018 por la Junta de Planificación (JP) del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, ha sido celebrada como una contundente victoria de los sectores de conservación ambiental en Puerto Rico.

Sin embargo, el frustrado intento por eliminar estas reservas naturales apunta a un profundo problema de corrupción, complicidad y una cultura encargos políticos dentro de la Junta de Planificación, denunció el arquitecto y pasado vicepresidente de esa agencia, Pedro Cardona Roig.

El pasado 25 de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció que las zonas de Punta Cabullones en Ponce, Punta Petrona en Santa Isabel, Punta Guilarte en Arroyo, Mar Chiquita en Manatí, Finca Nolla en Camuy, el Río Camuy entre Camuy y Hatillo, el humedal de Playa Lucía en Yabucoa, y la Reserva Agrícola de la Costa Norte recobrarían su designación como “reserva natural”.

Las ocho abarcan 7,420 cuerdas de terreno, sobre 10 mil cuerdas de componente marino y 17,300 cuerdas de reserva agrícola.

La directriz, empero, no fue voluntaria, ya que responde a una orden del Tribunal Supremo que en septiembre de 2019 resolvió que las ocho reservas fueron anuladas de forma ilegal, en julio de 2018.

La protección a estos recursos fue gestionada por la JP en diciembre de 2016, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, cuando Cardona Roig aún fungía como vicepresidente de la agencia.

“Aquí hubo un encargo”, sentenció el planificador. “A mí no me cabe duda que este es uno de esos casos en donde había una parte interesada que le estaba pidiendo a la Junta que hiciera esto”, insistió.

“Bajo las administraciones pasadas, entiéndase Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló, hemos visto este tipo de cosas. Hay mucho peligro y muchísimo daño que se puede ocasionar con acciones como estas”, añadió.

Solución a medias

Aún cuando Pierluisi Urrutia anunció el restablecimiento de las reservas naturales y agrícolas, Cardona Roig afirma que todavía persisten dudas.

Según destacó, aún no se ha hecho pública información valiosa y necesaria para conocer el alcance del daño provocado.

Al cierre de esta edición, la Junta de Planificación sigue sin revelar qué proyectos o desarrollos pudieron recibir autorizaciones o endosos de la agencia en esos predios, durante el tiempo que fueron eliminados de los mapas de protección.

“Es importante destacar que en la sentencia del Tribunal Supremo se deja claro que esas reservas están y siempre han estado vigentes”, sentenció el arquitecto.

“Por lo tanto, cualquier tipo de autorización concedida entre el 2018 y ahora es nula, aún bajo el pretexto de que esas reservas habían sido anuladas”, explicó. “Esto no es solamente publicar un mapa. Aquí se tienen que saber cuáles son las autorizaciones que se han dado”.

“Al día de hoy, nosotros no sabemos cuántos proyectos se han aprobado dentro de estas reservas. No sabemos cuantas segregaciones han ocurrido, ni si han hecho modificaciones a los límites. No sabemos nada”, continuó.

Sin consecuencias

Cardona Roig además puntualizó que ninguno de los cuatro funcionarios que endosó y firmó la derogación de las reservas naturales en el 2018 ha enfrentado sanción alguna, incluso, luego de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalidad del acto.

Según trascendió a La Perla del Sur, tres de ellos continúan laborando para el gobierno. De esos, María del Mar Gordillo Pérez y Rebecca Rivera Torres fueron renominados por el gobernador Pierluisi Urrutia para continuar en la Junta de Planificación.

Gordillo Pérez fue presidenta de la JP entre 2017 y 2020 y bajo su dirección se intentó aprobar el Reglamento Conjunto 2019 para uniformar el sistema de adjudicación de permisos. El mismo fue ampliamente criticado y luego rechazado por el Tribunal de Apelaciones. Su Reglamento Conjunto 2020 también fue cuestionado.

“Estas dos personas estuvieron envueltas en toda esta controversia. Con esto, el gobernador Pierluisi lo que está diciendo es que va a mantener a estas personas en posiciones donde van a tomar decisiones y a participar de los procesos”.

“Aquí no hay ninguna consecuencia”, continuó.

Ponce Paradise

Por otra parte, Cardona Roig calificó como “sospechoso” que la polémica propuesta hotelera y residencial Ponce Paradise utilizara como sede para sus planos parte del sector Punta Cabullones en Ponce, una de la reservas anuladas por la JP.

Ponce Paradise ha propuesto construir un complejo comercial y residencial en casi 900 cuerdas de terreno próximas al Hotel Ponce Hilton. La idea es impulsada por la firma de consultoría y desarrollo de bienes raíces AG & T y la compañía Oceanfront International Group, una división de Douglas Elliman Real Estate.

La controvertible propuesta se ha mercadeado a nivel internacional desde el 2019: seis meses después de que la Junta de Planificación eliminara la protección de reserva a Punta Cabullones.

“Especulo, pero para mí podría haberla”, respondió a preguntas sobre alguna relación entre el proyecto y el intento de anular la reserva.

En entredicho

Por último, Cardona Roig lamentó el daño a la reputación de la isla, cada vez que surgen instancias donde ejecutivos de agencias buscan ajustar las reglas del juego a los intereses de inversionistas.

“Puerto Rico aspira a ser un lugar atractivo y ordenado para la inversión, pero es difícil -con un escenario como este- salir al mundo a presentarte como un lugar serio”, planteó.

“Puerto Rico se ha proyectado como un antro de charlatanes”, puntualizó. “Eso hay que atenderlo, porque no podemos tener un ambiente como ese”.

“Aquí hay inversionistas muy serios, pero están llegando un montón de inversionistas que no lo son y pudieran estar viendo a Puerto Rico como un lugar donde van a jugárselas. A largo plazo, eso no nos viene bien”, concluyó.

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