Un gran jurado federal sesiona hoy, martes, en torno a evidencia recopilada por las autoridades federales sobre presuntas ilegalidades en la otorgación de contratos millonarios para el manejo de desperdicios sólidos, que involucra a alcaldes y exalcaldes.
Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal no solo es el renunciante alcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, sino otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection, formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría.
Tan solo el cuatrienio pasado, la compañía recibió contratos por $71.6 millones por parte de 11 municipios y tres agencias de la rama ejecutiva.
Una de las fuentes detalló que la información que recibió y dialoga en estos momentos el liderato del partido y del gobierno es que ocho alcaldes fueron mencionados ante el gran jurado federal, pero solo bajarán acusaciones y órdenes de arresto contra seis de ellos.
Entre los mencionados, se encuentran el exalcalde de Cidra Javier Carrasquillo, quien ahora es asesor de asuntos municipales del gobernador Pedro Pierluisi; el exalcalde de Naguabo Noé Marcano, quien ahora dirige la ACAA; y el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz.
La compañía Waste Collection emitió declaraciones escritas en las que informa que “a raíz de los continuos señalamientos de la prensa sobre alegadas investigaciones federales”, Santamaría renunció al cargo de presidente el 20 de octubre.
“Deseamos aclarar que estaremos disponibles para atender cualquier petición de información de ser requerida por el Departamento de Justicia Federal y/o cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo el abogado Luis Mayoral, quien asumió la presidencia de la empresa.
Este diario supo que la investigación cubre el periodo desde 2017 a 2021. Además, una de las fuentes indicó que parte de los donativos ilegales se hicieron a través de comités de campaña electoral, por lo que la Oficina del Contralor Electoral recibió requerimientos de información de las autoridades federales.
El Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, manifestó a este diario que “la Oficina del Contralor Electoral no se expresa sobre posibles investigaciones que no se originan en nuestra agencia o que correspondan a otras agencias fiscalizadoras ya sean estatales o federales”.
Al mediodía, Carrasquillo se expresó sorprendido con la información, y descartó que estuviera en posición de renunciar a su cargo. Marcano no contestó llamadas de este diario. Cruz tampoco estuvo disponible.
El Municipio de Cataño ha otorgado contratos por $13.3 millones a la compañía Waste Collection Corp, cuyo propietario es el licenciado Oscar Santamaría. El primer acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de 2017, por $2 millones, pero la vigencia del contrato se ha extendido mediante seis enmiendas que ha elevado la cifra a $10 millones bajo la categoría de recogido de desperdicios y reciclaje. Recibió también contratos para “proyectos relacionados a energía renovable y no renovable” y “compra, venta y alquiler de equipo, vehículos y otros”, otorgado justo después del impacto del huracán María.
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Santamaría, quien fue abogado del PNP, ha obtenido $117 millones en acuerdos con agencias y municipios tanto de la Palma como del Partido Popular Democrático (PPD) a través de su compañía Waste Collection.
Además, su firma de consultoría Law Affairs sumó $7 millones en contratos entre 2009 y 2020.
En junio de 2016, Santamaría incorporó la firma de servicios profesionales Law Max, empresa que de inmediato inició la contratación gubernamental. Entre esa fecha hasta este año, ha conseguido $2.9 millones con los municipios de Manatí y Guánica, así como con la Cámara de Representantes y varias agencias.
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