Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y los congresistas demócratas Darren Soto y Stephanie Murphy han pedido a los comités de Asignaciones del Congreso autorizar fondos que permitan a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) explorar opciones para mantener en operaciones el Observatorio de Arecibo, cuyo telescopio está dañado.

Los tres legisladores federales enviaron una carta a los líderes de los comités de Asignaciones del Senado y la Cámara baja, luego de que la NSF determinara que los daños ocurridos en agosto en dos cables del telescopio impedirán su reconstrucción.

Según la NSF, las reparaciones que necesita el radiotelescopio no pueden realizarse sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores de la construcción y el personal del propio Observatorio, que ha sido un referente mundial para la investigación sobre radioastronomía, planetas, sistemas solares y geoespacial.

“Aunque no hay una evaluación final sobre el costo de demoler el telescopio, entendemos que los fondos pueden utilizarse para estabilizar la estructura y trabajar inmediatamente en las reparaciones necesarias”, indicaron los legisladores federales, en la carta a los presidentes de los comités, la congresista Nita Lowey (Nueva York), y el senador Richard Shelby (Alabama), así como a los líderes de la minoría, la congresista Kay Granger (Texas) y Patrick Leahy (Vermont).

El Observatorio es administrador por la Universidad de Florida Central (UCF).

La NSF anunció el jueves que tan pronto como sea posible, iniciarán el desmantelamiento y la “demolición controlada” del telescopio, uno de los más grandes del mundo.

La plataforma está suspendida por cables de soporte conectados a tres torres. Dos de ellos colapsaron los días 10 de agosto y 6 de noviembre.

Según la NSF, las tres compañías de ingeniería encontraron que la estructura del radiotelescopio está en peligro de sufrir una “falla catastrófica” y que sus cables pueden ya no ser capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados. Además, varias evaluaciones concluyeron que cualquier intento de reparación podría poner a los trabajadores en “peligro potencialmente mortal”.

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