Washington – Al cumplirse hoy dos años del huracán María, el lento desembolso de fondos para la reconstrucción ha estado marcado por un trato inequitativo hacia Puerto Rico, producto de la desconfianza del gobierno federal hacia las autoridades puertorriqueñas.

Puerto Rico se enfrentó primero a la lenta e ineficiente respuesta del gobierno federal, y a la falta de capacidad del gobierno de la isla, en los días más difíciles de una catástrofe que a partir del 20 de septiembre causó unas 3,000 muertes y sobre $100,000 en daños.

Han quedado fundamentados los fallos de la respuesta inicial: el haber dejado a Puerto Rico sin suficientes suministros tras el impacto en las Islas Vírgenes del huracán Irma; la falta de personal capacitado; y los problemas de los gobiernos para distribuir agua y alimentos en los momentos más urgentes, entre otros.

Todavía resuenan los informes, luego corroborados por múltiples fuentes, de que el presidente de EE.UU., Donald Trump -quien falsamente ha alegado que a la isla se le han asignado $92,000 millones para su recuperación-, ha buscado frenar la ayuda a la isla.

En el Congreso, donde debido a la situación colonial, Puerto Rico no tiene representación con derechos plenos, se obligó a la isla a presentar un plan de reconstrucción y se dio fuerza de ley a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de revisar todo contrato de $10 millones o más.

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