Los recientes informes sobre posibles violaciones de ley y daños al ecosistema costero en un área de Piñones, en Loíza, hacen necesaria una rigurosa investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para fijar responsabilidades, de probarse las infracciones sospechadas. Corresponderá, además, desarrollar un plan de mitigación en el predio cercano al mar donde se ha ocurrido la tala de decenas de palmas y árboles.

La denuncia presentada por sectores ambientalistas apunta al serio problema de recurrencia de la deforestación costera, a pesar de la severa erosión que afecta principalmente el litoral del norte y el oeste del país. La destrucción de vegetación, así como la disminución de dunas, aumentan la erosión y ponen en mayor peligro a comunidades costeras, como advierten oceanógrafos y otros expertos.

Una situación similar a la reportada en Piñones se produjo en septiembre pasado, en la playa de Cerro Gordo, en Vega Alta. Se trató de otro terreno de alto valor ecológico en el que se cortaron cientos de palmas, almendros y otros árboles por la madrugada. Al igual que en Loíza, la tala fue detenida a raíz de la movilización de grupos ecologistas. El suceso propició una demanda en los tribunales con el planteamiento de que una limpieza de escombros vegetativos resultó indebidamente en cortes de palmas y árboles saludables.

Ante eventos que pueden incrementar la vulnerabilidad de nuestras costas, justo a cinco semanas del inicio de la temporada de huracanes, el DRNA y otras agencias responsables de la protección del ambiente deben incrementar su vigilancia y asumir iniciativas ágiles para evitar daños mayores a los frágiles ecosistemas isleños.

El Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Federal de Bosques calculó que el huracán María destruyó 144 millones de árboles en Puerto Rico en septiembre de 2017. Sin embargo, tres años y medio después del evento, en la isla solo se han sembrado alrededor de 300,000 árboles, suma que representa menos de uno por ciento de los aniquilados por el devastador ciclón.

En tal sentido, urge que el DRNA, con apoyo de entidades privadas y comunitarias, aumente las gestiones de reforestación de 100,000 a 500,000 árboles anualmente. Esa ha sido la recomendación del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático designado por el gobierno en 2019. Esta misión debe contribuir a acelerar la recuperación de nuestra infraestructura verde.

La deforestación destruye el hábitat de especies autóctonas en peligro de extinción. Los terrenos sin vegetación aumentan la sedimentación en quebradas, ríos y embalses. Además, incrementan los riesgos de derrumbes en zonas altas, algunas muy pobladas.

Educar sobre la importancia de reforestar en Puerto Rico debe ser prioridad en las escuelas y toda institución pública y privada dedica a formar a niños. El fomento de conductas amables hacia los recursos naturales es una inversión necesaria en nuestro país.

Por décadas, movimientos ciudadanos han denunciado los daños que acciones humanas propinan a los recursos que sostienen a la humanidad. Su misión, muy presente en la actualidad, se ha traducido en leyes y normativas para frenar las prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas. El reto actual es asegurar el cumplimiento normativo y resguardar las áreas desprotegidas. La meta común debe ser respetar el planeta.

En Puerto Rico, nos urge incrementar acciones solidarias que protejan nuestra diversidad ecológica. Frenar la deforestación es uno de múltiples pasos de la vital e impostergable gestión conservacionista.

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