En el país distópico que a veces parece México, un biólogo tiene que exiliarse tras recibir amenazas por tratar de evitar la extinción de la vaquita marina, un pequeño cetáceo del Alto Golfo de California. Su aparentemente inofensiva labor choca con los intereses del crimen organizado, cuyos tentáculos alcanzan casi todas las actividades extractivas del país: la tala clandestina, la explotación minera… y la pesca ilegal. La vaquita no es el objetivo de los criminales, es solo un daño colateral, ese eufemismo llamado pesca incidental. Lo que ellos buscan con sus depredadoras redes es la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos en China, donde se pagan hasta 60.000 dólares por ella. Más que la cocaína.
“Es una guerra entre la pesca ilegal y nosotros, que estamos tratando de proteger a la especie”, dice desde su exilio Diego Ruiz Sabio. Prefiere no desvelar a dónde se fue, pero se puede decir que lejos. Lo suficiente como para evitar engrosar las listas de defensores del medio ambiente asesinados en México. Ruiz Sabio sigue siendo, aún en la distancia, codirector del Museo de la Ballena de La Paz, en Baja California Sur. La institución se ha dedicado durante años a retirar las redes de enmalle que usan los pescadores furtivos, en las que se queda atrapada y muere la vaquita, el mamífero marino más amenazado del planeta. Pero en el pulso entre los ambientalistas y la delincuencia organizada va ganando esta última. Un crucero de observación financiado entre otros por el Museo de la Ballena reveló en diciembre pasado que la población de vaquitas sigue desplomándose. Ahora se estima que quedan entre siete y ocho, frente a las diez de 2019.
La caída en los números de la marsopa en las últimas décadas ha sido estrepitosa, brutal. Si en 1997 existían casi 600 vaquitas, en 2016 eran 60. Solo un año después, cayeron a la mitad. Por aquellos tiempos el mercado chino se daba cuenta de que la totoaba, endémica de las mismas aguas que la vaquita, se asemejaba mucho a un pez utilizado en su medicina tradicional que se extinguió por sobreexplotación. Y se convirtió en su sustituto perfecto. Entonces comenzó una depredación feroz controlada por el crimen organizado que ha llevado también a la totoaba al peligro de extinción. En noviembre pasado, durante el crucero de observación, los científicos contaron en un solo día 117 barcos pescando ilegalmente en la zona de refugio de la vaquita, muy por encima de los 87 que habían visto dos años antes. La pregunta entonces es dónde están las autoridades. “Sin duda hay un desinterés absoluto por la preservación de esta especie. Creen que es más fácil dejar que se extinga y pasar página”, lamenta el biólogo.
El Gobierno anunció en julio pasado una serie de cambios en la forma en que vigila el área que significaron, en la práctica, hacerle más fácil la tarea a los criminales. Ahora las autoridades solo usan el 100% de sus recursos contra la pesca ilegal si hay al menos 65 barcos en la zona de tolerancia cero -donde, oficialmente, está prohibido hasta el tránsito-. “Es una regulación totalmente impráctica, difícil de explicar en papel y mucho más difícil de llevar a cabo en campo. ¿A qué se refieren? ¿Cuántas embarcaciones? ¿Cuánto personal? La realidad es que no están en el agua vigilando”, critica Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
EL PAÍS solicitó una entrevista con la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa), pero únicamente accedió a responder por escrito a una lista de preguntas. Patricio Rodolfo Vilchis Noriega, encargado de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, redactó las respuestas. “La Profepa realiza recorridos de inspección y vigilancia marítima (…) con la finalidad de ejercer el estado de derecho en el mar, evitando la navegación de cualquier tipo de embarcación”, reza el escrito. La experiencia de la organización ecologista estadounidense Sea Shepherd, que trabaja en la zona desde hace años, es muy diferente.
El 31 de diciembre de 2020, un grupo de cinco lanchas con pescadores furtivos lanzó cócteles molotov contra los activistas cuando intentaban retirar una red ilegal en el área de refugio. En el ataque, una de las lanchas se estrelló contra el barco de Sea Shepherd y dos pescadores resultaron fallecidos. La noticia corrió como la pólvora en el cercano poblado pesquero de San Felipe y generó una turba que acabó con la quema de cuatro vehículos, dos lanchas y un barco del Museo de la Ballena. “El incidente de esta mañana es el último de una serie de ataques cada vez más violentos contra las tripulaciones de Sea Shepherd”, condenaron entonces. En febrero de ese mismo año, los criminales abrieron fuego contra los barcos de la organización.
La presión de los pescadores furtivos para evitar la presencia de Sea Shepherd y el Museo de la Ballena en la zona llevó al Gobierno a tomar una medida que hace aún más difícil la supervivencia de la vaquita: desde junio pasado, solamente la Marina tiene permitido quitar del agua las redes en la zona de tolerancia cero.
“Nos limitan exclusivamente a identificar las redes, pero no nos permiten extraerlas. Hay que avisar a las autoridades y esperar que luego pasen a recogerlas” dice Ruiz Sabio. Desde el crucero de observación, el barco del Museo de la Ballena no ha vuelto a salir. Mientras tanto, los pescadores de totoaba y camarón siguen saliendo a faenar con redes prohibidas, con las que consiguen mayor número de presas, pero también de pesca incidental: mantarrayas, tiburones y, claro, vaquitas. En todo 2021, la Profepa retiró 111 redes ilegales en la zona, dice Vilchis Noriega en su escrito.
Ante la inacción del Gobierno de México para proteger al cetáceo, Estados Unidos impuso en 2020 un embargo a todos los productos pesqueros del Alto Golfo de California. Y en agosto pasado, la Comisión de Cooperación Ambiental, un mecanismo del T-MEC, aceptó investigar una queja presentada por el Centro de la Diversidad Biológica que, de prosperar, podría terminar en sanciones comerciales contra México. “En todas nuestras comunicaciones estamos solicitando urgencia en el proceso porque la vaquita no puede esperar. Podría extinguirse antes si esta tendencia continúa”, dice Alejandro Olivera, de esa organización.
Y a pesar de todo, del crimen organizado, de las redes de enmalle, de las políticas fallidas, la vaquita marina sigue viva. En el censo de finales de 2021 se avistaron entre una y dos crías, lo que mantiene una pequeña esperanza entre los científicos de que un día se pueda recuperar. Pero para eso haría falta un Gobierno decidido a combatir la pesca ilegal en las aguas del Mar de Cortés, algo que, lamenta Ruiz Sabio, no parece ser el caso. “Después de los conocimientos que hay y la difusión del tema, que un país permita que una especie endémica se extinga sería una vergüenza internacional absoluta”. Solo el tiempo dirá si la vaquita ganó la batalla contra lo que parece ser una condena a la desaparición.
LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ELPAIS.COM