Hace 50 años, Puerto Rico dio cátedra mundial con la creación de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la primera agencia reguladora, en América, dedicada al control de la contaminación y la degradación del entorno natural.

Aunque la ley habilitadora se firmó el 18 de junio de 1970, el empuje por su establecimiento inició, al menos, una década antes, recordaron Pedro Gelabert y Lorenzo Iglesias, quienes integraron la JCA en sus primeros años.

“La Constitución de Puerto Rico (firmada en 1952) habla de la conservación de los recursos naturales. Para la década de 1960, ya se había creado el Área de Prevención de Inundaciones y Protección de Ríos y Playas en el Departamento de Obras Públicas, y también existía el Área de Salud Ambiental en el Departamento de Salud. En esa década de 1960, había mucha insatisfacción en el pueblo sobre cómo se estaban manejando los recursos naturales”, recordó Gelabert.

“La Junta de Calidad Ambiental es el resultado de un movimiento”, añadió Iglesias, tras mencionar, incluso, que la dependencia se creó seis meses antes que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés).

En Puerto Rico, aludieron ambos, las condiciones ambientales no eran óptimas cuando la JCA se creó. Las centrales azucareras, crematorios y el transporte eran fuentes de contaminación, principalmente atmosférica (aire). Un muestreo de agua arrojó que ningún río cumplía con los parámetros de calidad, excepto en su punto de nacimiento en las montañas.

Resaltaron, además, que la JCA enfrentó oposición gubernamental. Por ejemplo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estaba en contra de la creación de nuevas agencias. Igualmente, durante la gobernación de Luis A. Ferré (1969-1972), el Senado era controlado por el Partido Popular Democrático (PPD) y la Cámara de Representantes, por el Partido Nuevo Progresista (PNP), así que las negociaciones legislativas fueron largas e intensas.

Al final, la JCA se creó con una junta de gobierno, integrada por jefes de agencia y cuyo primer presidente fue Antonio Santiago Vázquez, quien era secretario de Obras Públicas; y un cuerpo ejecutivo, que lo compusieron Cruz A. Matos (director ejecutivo), Santos Rohena (director asociado de desperdicios sólidos) y Rafael Cruz Pérez (director asociado de agua y aire).

“El programa ambiental de las Naciones Unidas usó a Puerto Rico como punta de lanza y ejemplo de un país al que podía venir la gente a educarse en temas ambientales. Éramos el gobierno más adelantado en la parte ambiental y, por eso, Naciones Unidas nos usaba como ejemplo para desarrollar ministerios ambientales en Latinoamérica. El último fue el de República Dominicana, pero también se hizo con Argentina y Chile, entre otros países”, dijo Gelabert, quien llegó a la JCA como director ejecutivo, en 1977, pero antes estuvo en otras agencias.

“El capítulo de Puerto Rico de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Aidis), que también ya existía, colaboró en la exportación de todo lo que estaba haciendo la Junta”, añadió Iglesias, quien se unió a la JCA, en 1970, como director del Negociado de Calidad de Aire y, luego, fue director asociado. Antes, también laboró en otras agencias.

En virtud de la Ley 171-2018, firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la JCA fue absorbida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Para Gelabert e Iglesias, esa movida fue un error, pues le quitó poderes a la JCA y acarrea conflictos de intereses. Esto último responde a que una misma persona tiene a cargo asuntos tan diversos como la fiscalización en aspectos de contaminación y el manejo de franquicias de agua, protección de recursos y creación de reservas, entre muchos otros.

“Hemos ido hacia atrás. La Junta se creó como una agencia cuasilegislativa, cuasijudicial y de política pública, pero todo eso se ha perdido. No solo fue que el Departamento la absorbió, sino que se derogó la Ley sobre Política Pública Ambiental. Así de tajante fue la cosa”, acotó Gelabert, quien describió a la JCA como “una especie extinta”.

Iglesias coincidió, y dijo: “La Junta, sus poderes y todo lo que hizo ya es historia del pasado. El futuro no tiene ninguna relación con eso. El Departamento no tomará acciones parecidas a las que, en su momento, tomó la Junta”.

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