La Junta de Planificación (JP) está próxima a informar si, a juicio de sus auditores, procede revocar la certificación de cumplimiento ambiental aprobada para la reconstrucción de las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa, en Rincón, la cual se había otorgado bajo la condición de que el proyecto no impacte el hábitat de especies en peligro de extinción.
Así lo confirmó hoy, miércoles, la directora de Asuntos Legales de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Edmeé Zeidán, a preguntas de este diario, en una mesa redonda virtual que sostuvo el DDEC con miembros de la prensa. “La JP determinará cuál va a ser el curso de acción, ya sea sostener la validez de las determinaciones (de la OGPe) o ir al tribunal de primera instancia quien tiene la jurisdicción para revocar”, informó.
El Nuevo Día reseñó ayer que el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández, aprobó -en diciembre de 2019- la certificación de cumplimiento ambiental de Sol y Playa mediante exclusión categórica, un mecanismo automático que se otorga para “acciones rutinarias que no tendrán un impacto ambiental significativo”. En otras palabras, se les excluye de someter una evaluación ambiental detallada.
Durante la mesa redonda, Hernández defendió la exclusión porque dijo que la interpretación de la agencia es que se trata de una rehabilitación de estructuras existentes cuyos permisos de ubicación fueron aprobados en 1996, y por tanto, no entrarán a reevaluar “lo que ya se adjudicó” hace 25 años. Dijo que los cambios que ha sufrido la zona marítimo-terrestre por el cambio climático y la erosión costera está dentro de la jurisdicción del DRNA. Mientras, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, se quiso también distanciar diciendo que él no otorga los permisos de construcción, que eso lo hace la OGPe.
Hernández dijo que “siempre y cuando esté dentro de la huella original” no hay impacto adicional, pero al momento no pudo decir si había diferencias en cuanto a la cantidad de metros que abarca la construcción original y la nueva.
Abordado sobre si procedía revocar la exclusión categórica tras el hallazgo de dos nidos de tinglar y siete de carey en esta temporada, el ingeniero Hernández contestó que se encuentran trabajando eso a través de la JP. Dijo que será la JP quien decidirá “si en efecto procede o no la exclusión categórica”.
“La parte de qué especies están allí, le toca a los biólogos del DRNA… La OGPe actuó en conforme a la información sometida por el proponente porque obviamente esa persona está diciendo que cumple con todos esos requisitos”, contestó el secretario auxiliar de esta oficina a preguntas de El Nuevo Día.
Sobre si el proponente, que certificó el cumplimiento ambiental, violó las condiciones, Hernández simplemente dijo que esperan por la JP para tomar esa determinación. Reconoció que “toda esa área es suscetible al anidaje de tortugas”.
Según Zeidán, la JP ya completó la auditoría y la oficina legal de OGPe se apresta a responder a los hallazgos antes del viernes.
Los permisos otorgados al condominio Sol y Playa han sido objeto de controversia ante múltiples señalamientos de ilegalidades presentados ante agencias del ejecutivo y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que investiga el presunto conflicto de intereses de un gestor de permisos, Idelfonso Ruiz, que intervino en el proceso.
Los argumentos de ilegalidad ante el DRNA se centran en una solicitud de impugnación del deslinde de la zona marítimo-terrestre que alegan que la construcción ocupa ilegalmente el bien público de la playa. También se alude a que la certificación de cumplimiento ambiental se aprobó ilegalmente mediante el mecanismo de exclusión que aplica a ciertas obras.
La abogada del condominio, Shirley Vocak, ha sostenido que la exclusión aplica porque es un área que ya fue impactada y solo se pretende reconstruir las facilidades destruidas por el huracán María, en septiembre de 2017.
Durante las manifestaciones de los pasados días, en la playa Los almendros, la ciudadanía y los activistas han hecho denuncias sobre alegada corrupción o negligencia gubernamental en la otorgación de los permisos.
El DRNA emitió originalmente una orden de cese y desistimiento para paralizar la construcción, pero luego el secretario Rafael Machargo la enmendó y sostuvo que esa enmienda permitía continuar con la obra.
El gobernador, entretanto, negó nuevamente que interviniera a favor de los titulares del condominio al ser abordado por periodistas durante la conferencia de prensa en la que presentó la nueva orden ejecutiva que hace mandatoria la vacunación para los empleados del gobierno.
“La secretaria de la Gobernación sí ha estado velando por que se actúe con celeridad. Este asunto vino a la atención de La Fortaleza en este verano, hace semanas atrás, cuando comenzaron las protestas. No antes”, resaltó el mandatario.
LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ELNUEVODIA.COM