A pesar del rechazo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se mueve a toda prisa para radicar el plan de ajuste (POA) enmendado para el gobierno central en o antes del próximo 28 de febrero con la expectativa de que Puerto Rico salga del proceso de bancarrota este mismo año.

Así lo confirmó ayer la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien aseguró que el nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (RSA-GOs/PBA) supone más ahorros para el gobierno, y asegura la continuación de los servicios públicos, así como el pago de las pensiones.

En conferencia de prensa -y mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) reiteraba la oposición de la administración Vázquez Garced-, Jaresko sostuvo que el nuevo acuerdo con los bonistas del gobierno central es mejor que el riesgo que representa continuar con la impugnación de parte de la deuda constitucional.

De igual forma, según Jaresko, si Puerto Rico deja atrás el proceso de bancarrota, se beneficiará el fisco, pero también la economía y los negocios en la isla, que hoy pagan más caro o no consiguen capital porque operan teniendo como fondo un gobierno en bancarrota.

Encontrados la JSF y Vázquez Garced

Jaresko reconoció que, para implementar el plan de ajuste del gobierno central, será necesario radicar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Pero, acto seguido, insistió en que lo pactado es el camino correcto para salir de la bancarrota.

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