La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, confirmó hoy, martes, que ella se comunicó con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, para pedir una “aclaración” a la orden de cese y desistimiento que emitió esa agencia para proteger el hábitat de las tortugas marinas ante el potencial impacto de la construcción en el condominio Sol y Playa que ubica en la playa Los Almendros en Rincón.

“Esa notificación (del DRNA), según mis asesores, fue confusa porque tenía líneas contradictorias… Se tuvo que de facto someter una aclaración y yo llamé la atención del doctor Machargo porque se necesita que en cada redacción, que el gobierno emita, esté claro cuál es la intención”, contestó García Bardales a preguntas del presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Edgardo Feliciano Sánchez.

La comisión cameral, que preside Feliciano Sánchez, citó a vistas públicas sobre el asunto de los permisos en Rincón, como parte de una investigación legislativa sobre “los asuntos ambientales”.

García Bardales se refirió erróneamente a Machargo Maldonado como doctor y dijo que la notificación del DRNA ocurrió el 16 de mayo, cuando en realidad fue en julio.

De hecho, Machargo Maldonado también depuso hoy, y afirmó que la razón por la cual su agencia paralizó los trabajos de construcción -por primera vez, el 20 de mayo- fue porque se percataron que allí se estaba erigiendo una estructura en la faja de salvamento, que son los primeros 20 metros después de la zona marítimo terrestre (ZMT).

“No se puede construir en esa faja de salvamento a menos que tenga el endoso del departamento. La posición del departamento es que no se debió haber autorizado un permiso en la faja de salvamento ni por exclusión categórica”, puntualizó Machargo a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz.

Abordado sobre si existía escritura de cesión a favor de construir en esa zona, el abogado de profesión contestó: “No la he otorgado ni la he visto. Entiendo que OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) debió haber exigido esa cesión”.

El secretario auxiliar de la OGPe, Gabriel Hernández Rodríguez, indicó, a su vez, el día antes, que le correspondía al DRNA hacer esa solicitud o comentario.

“Eso (que dijo el secretario de OGPe) no es correcto. Eso está en el reglamento: se tiene que condicionar el permiso a la cesión de la franja”, refutó Machargo Maldonado.

Pese a que reconoció que había esa presunta ilegalidad en la otorgación de los permisos, el secretario del DRNA defendió que haya levantado la paralización de los trabajos, pues aseguró que correspondía en realidad a la Junta de Planificación auditar la otorgación de los permisos y hacer los trámites para su revocación.

Además, el secretario del DRNA defendió su enmienda a la orden de cese y desistimiento -emitida el 16 de julio- pues “empezaron a salir artículos en la prensa que no reflejaban el alcance de la orden y lo que se procedió fue a aclararla para que quedara claro el alcance”. De esta forma, Machargo Maldonado insistió que su intención siempre fue que prosiguiera la construcción, a pesar de que las recomendaciones del personal de carrera, abogados y la oficial examinadora del DRNA fueron otras.

“Mire, representante, el biólogo Carlos Diez es biólogo. Las acciones que recomienda las recomienda desde el punto de vista de proteger las especies. La recomendación de que yo –el departamento- penetrara en propiedad privada y le dijera al dueño de propiedad: en esta franja en la que tú tienes permiso de construcción, para de construir porque es hábitat de tortuga, eso sería incautación”, contestó Machargo Maldonado a preguntas de la representante Mariana Nogales.

Por su parte, la secretaria de la Gobernación -quien reveló que proviene de la industria de bienes raíces- contó que La Fortaleza tuvo interés en este asunto después de que el 16 de mayo se hicieron unas denuncias a través de un video en directo por las redes sociales. En ese momento, “se le pidió al secretario auxiliar de asuntos prioritarios, Robert Méndez, que revisara” la controversia, informó.

“La interacción (que yo pueda tener) posterior al otorgamiento de un permiso no solo no es ilegal, sino que es mi trabajo para estar segura que se hizo de forma correcta”, observó la secretaria.

García Bardales identificó al asesor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en asuntos de permisología como Ildefonso Ortiz López, en quien se delegó revisar los trámites procesales ante la OGPe. Ortiz López juzgó que todo se había hecho acorde a la ley y así se lo comunicó al secretario auxiliar de la OGPe en una reunión a la que lo convocó.

García Bardales confirmó también que Ortiz López y otra empleada de La Fortaleza -Yolanda Díaz- tienen cuentas de usuario en el portal de permisos, que “usan frecuentemente” para dar seguimiento a los trámites relacionados a la construcción y operación de negocios.

Aseguró, además, que se enteró de que uno de los titulares de apartamento en el condominio Sol y Playa tenía algún grado de consanguinidad con el gobernador “después que trascendió en los medios”. Se refirió a Walter Pierluisi Isern, quien además de primo, fungió como director político de su campaña electoral a la gobernación en 2016 y 2020, según información que el comité de campaña compartió, en octubre pasado, con el Centro de Periodismo Investigativo.

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