Los esfuerzos para modernizar la infraestructura crítica en Puerto Rico requieren acciones precisas que subsanen las deficiencias en el suministro de agua potable, para así evitar la carencia o interrupción frecuente de este servicio esencial que constituye un riesgo para la salud pública.

Resulta insólito que, en el siglo XXI, miles de familias aún dependan de cisternas o de artefactos rústicos para recoger agua que apenas rinde para las necesidades básicas. Las penurias mayores de la interrupción prolongada del servicio las sufren las familias con niños, los adultos mayores y las personas que requieren asistencia o padecen condiciones crónicas.

Una de las zonas donde se registra la carencia prolongada de agua potable, hasta por 20 días consecutivos, cubre siete de los 13 barrios del Municipio de Morovis. Debido a esa escasez, cerca de 20,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) experimentan graves complicaciones en su diario vivir. El problema se atribuye a deficiencias en la represa Morovis Sur y en la planta de filtración de la zona.

La AAA está emplazada a responder con la mayor celeridad, a la luz de los acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal para completar la reestructuración de $1,000 millones en deuda de la corporación, en las regiones con los problemas más severos de suministro.

El mejoramiento de la infraestructura indispensable para brindar un servicio de agua potable constante y seguro debe ser una tarea cónsona con la reestructuración fiscal y la transformación operacional en la corporación pública.

No es secreto que las deficiencias administrativas acumuladas han lacerado el desempeño de la entidad pública. Como consecuencia, gran parte de sus instalaciones se encuentran obsoletas o muy deterioradas. Esta situación genera pérdidas sustanciales de agua que pudiera servir a residencias y negocios. Urge frenar este ineficiente, costoso y recurrente escenario.

Lo que debe prevalecer es la pericia gerencial que cree las condiciones óptimas para acelerar los numerosos proyectos de mejoras capitales que han sido frenados en la corporación desde 2015.

De acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, los cambios operacionales en la AAA, complementados con mejores recaudos y eficiencia operacional, contribuirán al suministro óptimo de agua potable en todo el país. A esos fines se han aprobado $204 millones dirigidos a subvencionar una veintena de proyectos de mejoras a la infraestructura de agua.

En las zonas con problemas múltiples, como la de Morovis, será crucial que los planes específicos anunciados por la AAA se pongan en vigor sin mayor dilación. La corporación ha reportado que puso en marcha tres proyectos en ese municipio con una inversión de $2.7 millones.

La AAA debe concretar también la modernización del sistema de control de suministro, mediante la incorporación de nuevos medidores de flujo, así como los dragados de embalses estratégicos. Estas gestiones contribuirán a evitar el racionamiento del agua durante periodos de sequía que cada vez son más agudos y frecuentes.

Ante la encomienda de superar las operaciones deficientes de esta corporación pública vital para el país, será esencial que la infraestructura de aguas cumpla con las guías estipuladas por la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, aprobada en 2019.

En aras del bienestar de la población y de la protección del hábitat, hacen falta respuestas colaborativas de otras entidades gubernamentales. También es prioritario conservar los acuíferos y consumir el agua con moderación.

La actitud ciudadana responsable ante la imperiosa necesidad de proteger nuestros recursos hídricos, la renovación de la infraestructura de la AAA, y la administración eficiente, son pasos esenciales en la gesta humanitaria de proveer acceso a agua potable, como garantía del derecho fundamental a la salud.

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