Pese a que se resolvió el problema de falta de presupuesto, la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico continúa postergándose debido a la lentitud en la contratación de servicios profesionales y consultivos especializados en áreas técnicas.

La Ley 33-2019, según enmendada, creó y facultó al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático a reclutar el personal que sea necesario para el desarrollo del plan. Las contrataciones deben realizarse a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya que el Comité está adscrito a esa agencia. De hecho, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, preside el grupo.

Machargo es miembro ex officio del Comité, al igual que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, y la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría. Los restantes seis integrantes –nombrados por el Ejecutivo y confirmados por la Legislatura– no están facultados para reclutar directamente. Estos son Rafael Méndez Tejeda (climatólogo), Carl Soderberg (ecólogo e ingeniero), Maritza Barreto (oceanógrafa y geóloga), Pablo Méndez Lázaro (científico ambiental), Ada Monzón (meteoróloga) y Roy Torbert (experto en energía renovable).

En agosto pasado, faltando dos meses para que venciera la fecha límite –establecida por ley– para la entrega del plan, el Comité abrió una convocatoria para contratar diversos servicios profesionales y consultivos. Poco más de cinco meses después, Machargo admitió que el reclutamiento no se completó y se abrirá otra convocatoria.

“Ya están contratados los especialistas en forestación, educación, salud, energía, coordinador, planificador y redacción. Mientras, se seleccionó un abogado y un oficial examinador”, dijo el secretario por escrito a El Nuevo Día.

“Quedan por llenar las plazas de administrador, personal de oficina, un economista y cuatro especialistas”, agregó, sin especificar cuándo se publicaría la nueva convocatoria ni cuándo se completarían las contrataciones.

En su texto, Machargo estableció que el presupuesto del Comité para el año fiscal en curso, que culmina el 30 de junio, es de $1.2 millones, de los cuales $755,200 son para “personal y servicios profesionales”. En el pasado, los miembros nombrados por el Ejecutivo y confirmados por la Legislatura denunciaron que, tras la aprobación de la Ley 33-2019, no se le asignó presupuesto al grupo, lo que retrasó el inicio de sus labores, incluyendo la contratación externa.

A través de una fuente, El Nuevo Día supo que las gestiones de reclutamiento para apoyar al Comité en la creación del plan iniciaron en enero de 2021, cuando el presupuesto asignado era apenas de $300,000. Pero, según la fuente, “la burocracia gubernamental y sentársele encima a los procesos” impidieron que las contrataciones avanzaran.

Este diario también supo que los integrantes nombrados por el Ejecutivo y confirmados por la Legislatura redactaron las descripciones de trabajo (“job descriptions”) de la primera convocatoria y que entrevistaron, al menos, a 16 personas para los distintos puestos.

“Si bien ya se contrató una serie de recursos, en el Comité abriremos otra convocatoria para aquellas plazas en las que, aunque se entrevistó a una serie de personas, estas no reunieron los criterios”, continuó Machargo.

Inicialmente, la Ley 33-2019, aprobada en mayo de ese año, estableció el 30 de junio de 2020 como la fecha límite para la entrega del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico, que debe ser avalado –en comisión conjunta– por la Legislatura y firmado por el gobernador de turno.

Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2019 que la exgobernadora Wanda Vázquez hizo sus nombramientos, que fueron confirmados por la Legislatura tres meses después. Además, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, el DRNA tuvo cuatro secretarios: Tania Vázquez (renunció en medio de un escándalo de corrupción), Armando Otero (interino), Cynthia Rivera (interina) y Machargo.

A esos efectos, en noviembre de 2020, la exgobernadora enmendó la Ley 33-2019 y aplazó hasta el 31 de octubre de 2021 la fecha para entregar y aprobar el plan, un mandato que tampoco se cumplió. Al momento, se evalúan varias opciones para extender la fecha una vez más.

Tan reciente como el pasado 27 de enero, Méndez Tejeda y Barreto informaron a la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, en vista pública, que el plan estaría listo en verano de 2023.

“Nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo realizado. Hemos querido hacer más, pero la burocracia institucional nos ha atado un poco. El plan ya está encaminado y es uno que debe generarse mediante vistas públicas con la integración de todas las comunidades y sectores”, dijo entonces Méndez Tejeda.

“El gobierno está tomando una mirada mucho más seria respecto al tema del cambio climático, pero todavía falta la integración de muchos sectores importantes. Estamos a tiempo, pero es urgente. Las manifestaciones de cambio climático están ya con nosotros y tenemos que movernos mucho más rápido”, expresó, por su parte, Barreto.

Ambos científicos coincidieron en que, además de las trabas en procesos administrativos con el DRNA, los mayores retos de cumplimiento con la Ley 33-2019 son las limitaciones presupuestarias y el corto tiempo (un año) que otorga el estatuto para la elaboración del plan.

Mientras tanto –y a falta del documento–, la vulnerabilidad e indefensión de la isla frente al cambio climático aumenta, con efectos como erosión costera a causa de la subida del nivel del mar, huracanes más intensos y sequías, entre otras.

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