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Negociado de Energía aprueba proyecto solar en Guánica

Finca Solar Montalva tiene una capacidad de generación de 80 megavatios

El Negociado de Energía de Puerto Rico informó hoy, sábado, que mejoró los acuerdos y aprobó el proyecto solar fotovoltaico Finca Solar Montalva, en Guánica, con capacidad de 80 megavatios.

Mediante comunicado de prensa, el Negociado indicó que su decisión fue unánime. El ente fiscalizador independiente aprobó, sujeto a condiciones, un nuevo acuerdo con mejores términos en el precio del kilovatio-hora y con escaladores automáticos menores (aunque no se detallaron).

“El Negociado de Energía de Puerto Rico, como parte de sus funciones, tiene el deber de velar por el cumplimiento de la política pública energética que incluye la cartera de energía renovable, que establece un 100% para el 2050. Este proyecto va encaminado con que se cumplan esos objetivos que establece la Ley 17-2019”, dijo el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz.

Añadió que el proyecto aprobado redundará en ahorros para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y para los consumidores de la corporación pública.

Según el comunicado del Negociado, Finca Solar Montalva contempla una instalación solar fotovoltaica con capacidad de 80 megavatios. Además, el proyecto contará con un sistema de almacenamiento de baterías con capacidad de cuatro horas, las cuales guardarán el exceso de generación producido durante el día para inyectarlo a la red de la AEE durante la noche.

La AEE, por su parte, anticipó que el proyecto estará en operación comercial dentro de aproximadamente 31 meses, contados a partir de que las partes firmen el acuerdo.

Entre 2010 y 2013, la AEE otorgó aproximadamente 60 contratos para el desarrollo de proyectos de energía renovable, que habría de ser adquirida por la corporación pública mediante contratos de compraventa de energía y operación. Dichos contratos debían ser renegociados y aprobados.

Avilés Deliz señaló que el Negociado se asegurará, además, de que las tarifas, derechos, rentas o cargos que se paguen a productores independientes de energía sean justos y razonables, y protejan el interés público y el erario.

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