La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) identificó y validó deficiencias que atentan contra los fondos públicos y la sana administración en un contrato otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a una compañía de tecnología e informática, informó hoy, martes, la dependencia fiscalizadora.
Mediante comunicado de prensa, la OIG explicó que el referido para la evaluación del contrato surgió del actual secretario del DRNA, Rafael Machargo, quien a su llegada a la agencia determinó consultar preocupaciones sobre su contenido y cláusulas.
El contrato es entre el DRNA y la compañía Xuvo Technologies. Fue firmado el 21 de noviembre de 2019, por el entonces secretario interino del DRNA, Armando Otero Pagán, y el vicepresidente de Xuvo Technologies, Félix Camacho Ramos.
Según la OIG, el contrato se pactó por la cuantía de $1 anual y una vigencia de 5 años. No obstante, a pesar de que se establece que dicho contrato será por $1, la compañía recibirá una ganancia en representación del monto de los cargos de conveniencia para todos los trámites o transacciones que conlleven algún tipo de costo, cargo, tarifa, derecho o arancel por parte del DRNA.
El propósito establecido, según la redacción del contrato, es facilitar el establecimiento de un sistema electrónico para la presentación de solicitudes y permisos y renovaciones y la integración a la Plataforma de Servicios del Gobierno de Puerto Rico. Un cargo por conveniencia se cargará simultáneamente con el cobro por cualquier concepto antes mencionado y es atribuible a toda persona que requiera el servicio.
La OIG concluyó que el DRNA no realizó un estudio de viabilidad que pudiera determinar la proyección de ventas de sellos o trámites solicitados por ciudadanos, por lo cual no se tiene un estimado de los ingresos que recibiría el contratista privado como parte de los cargos de conveniencia que serían cobrados a las personas al implementar el nuevo sistema.
Tampoco hay evidencia de que el DRNA evaluó la posibilidad de pagar una cuantía fija al contratista por la implementación del contrato y cargos de mantenimiento y que los ingresos recibidos pasaran a formar parte del erario.
Por otra parte, en el contrato se dispone una cláusula de una penalidad de hasta $50,000 mensuales, a favor del contratista y en un solo pago, si se cancelara antes de su fecha de vencimiento. Si el DRNA hiciera una impugnación judicial, la indemnización o penalidad aumentará a una suma líquida equivalente a $75,000 mensuales. De acuerdo con la OIG, dicha cláusula resulta en una “altamente costosa” para el DRNA.
Del análisis realizado por el ente fiscalizador se desprenden otras deficiencias, como la formalización de un contrato que no contaba con certificaciones requeridas por ley, falta de análisis sobre los estudios de costos y viabilidad de la contratación realizada, y cláusulas onerosas y perjudiciales para el DRNA y el gobierno de Puerto Rico.
Estas cláusulas, añadió la OIG, podrían tener el efecto de favorecer de manera unilateral a un contratista en contra de los mejores intereses del gobierno.
“Los intereses privados de un contratista, bajo ningún concepto, deben prevalecer o de alguna manera afectar el deber fundamental de asegurarle a los ciudadanos que sus fondos públicos están siendo utilizados para brindar un servicio de calidad, al menor costo posible”, expuso la OIG en el comunicado de prensa.
Las deficiencias encontradas en el contrato evaluado podrían estar en contravención con las normativas y la política pública de sana administración y contratación gubernamental, por lo que la OIG instruyó al DRNA a que no proceda con su implementación hasta tanto subsane todas las deficiencias señaladas y realice un estudio de viabilidad junto al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en conformidad con la Ley Núm. 75-2019.
Por otro lado, la OIG validó la gestión de Machargo en referir el asunto en vías de promover una sana administración pública.
A continuación puedes leer el contrato:
Contrato entre el DRNA y la compañía Xuvo Technologies
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