La División de Finanzas del Departamento de Agricultura (DA) pudo haber falsificado firmas en el proceso de preintervención de Comprobantes de Pagos Contra Obligación (CPCO), utilizando iniciales de otro funcionario público sin su previa autorización o consentimiento para el desembolso de fondos públicos.

Este fue uno de los hallazgos de una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), que encontró serios problemas en los controles internos y la preintervención de pagos por parte de empleados o personas pertenecientes a la Oficina de Asuntos Financieros del DA, luego de haber recibido información a través de una queja confidencial.

Según la OIG, al momento de la investigación se encontró que un exempleado retirado del DA, realizó funciones de preintervención, como voluntario y que, para poder cumplir con las funciones delegadas, recibió instrucciones para firmar los comprobantes con las iniciales de otra empleada en propiedad, sin la autorización o consentimiento de esta.

En la investigación se identificaron los siguientes hallazgos: posible Falsificación y Archivo de Documentos Falsos; Falta de Reglamentación; falta de segregación de labores; incumplimiento con la Ley del Voluntariado (Ley Núm. 261-2004); falta de Controles Generales para el Acceso Exclusivo a Datos y Aplicaciones.

De otra parte, la investigación resalta que el DA le asignó labores a un voluntario contrario a las disposiciones establecidas en la citada Ley 261, debido a que se formalizó una orden administrativa y un acuerdo que carecen de fuerza legal, por no cumplir con lo dispuesto en la referida Ley de Voluntariado. Por lo antes expuesto, se le recomendó al secretario rescindir el acuerdo.

La OIG realizó los correspondientes referidos, puesto que, conforme a la información evaluada, la conducta expuesta en los hallazgos que corresponden pudiesen constituir infracciones a las siguientes normas y estatutos vigentes, que incluyen la Ley 261; la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico; el Código Penal de Puerto Rico; y la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

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