El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico consignó ayer su apoyo al proyecto que establecería el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, pero mostró reservas respecto al impacto económico que tendría la medida.

El presidente del gremio, Pablo Vázquez, advirtió ayer ante la Comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales que el proyecto podría resultar oneroso a los ciudadanos en la medida que requiere la instalación de un calentador solar de agua en residencias unifamiliares nuevas, mientras que su texto es impreciso en torno a los requisitos que aplican a las instalaciones públicas.

El líder del Colegio alertó también que la propuesta reducción de 70% en los desperdicios sólidos depositados en los vertederos para el 2028 es “sumamente agresiva”, y sugirió que, como alternativa, se multen a los responsables de generar la basura, aunque no ofreció detalles sobre esa recomendación.

La organización, además, opinó durante una vista pública que el proyecto del senador Larry Seilhamer busca bajar la dependencia en el transporte privado, pero primero se debe contar con un servicio de transporte público “confiable, seguro y altamente accesible”.

Mientras, la Asociación de Constructores planteó que el proyecto de ley hace un énfasis innecesario en cómo el país debe reducir la emisión de gases con efecto invernadero, pues entiende que la merma en población provoca que la contribución a nivel global sea “mínima”.

En cambio, el organismo recomendó que se atiendan otros escenarios, como la vulnerabilidad de la población, de la propiedad pública y la privada ante eventos meteorológicos.

Los constructores favorecen la independencia de combustibles fósiles, entre otras medidas.

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