Dos peritos independientes concluyeron que el corte de miles de árboles en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas en Bayamón, bajo la premisa de que estaban enfermos o representaban una amenaza, fue arbitrario –en la mayoría de los casos– y trastocó el entorno del bosque a largo plazo.

El arbolista profesional William González y el científico ecologista Ariel Lugo prepararon sendos informes como parte de la demanda que varios ciudadanos radicaron contra el gobierno, la compañía Debris Tech y otras entidades por la tala y poda de árboles en el parque.

En dicha demanda, los ciudadanos alegan que los trabajos fueron “indiscriminados”, pues se habrían cortado árboles en buenas condiciones y sin un plan de reforestación. Sostienen, además, que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tenían los “permisos adecuados” para las obras. Reclaman, por lo tanto, que se detengan y mitiguen los daños.

Los informes de González y Lugo, de los que El Nuevo Día obtuvo copia, fueron discutidos ayer, miércoles, durante una vista presidida por la jueza Sarah Rosado Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

González, con más de 20 años de experiencia y quien visitó el parque para redactar su informe, encontró cortes de árboles saludables e impacto en la vida silvestre “sin mediar cuidados sobre la misma”.

Resaltó, además, que no existe un inventario con “información clara” sobre las condiciones de los árboles a impactarse y que, “en muchos casos”, las fotografías suministradas no concuerdan con los datos provistos a su lado o no son claros.

“Estas fichas de árboles inventariados no emiten ningún comentario sobre el impacto (en) la vida silvestre alrededor… De igual forma, encontramos puntos controversiales, como fichas repetidas y razones para cortar árboles que no son las establecidas por las guías de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), como defectos de crecimiento y que no son daños creados por los huracanes”, dijo González en su informe de 51 páginas.

Advirtió, incluso, sobre “daños irreversibles” a especies de flora y fauna tanto nativas como endémicas. El Parque Nacional Julio Enrique Monagas es hábitat de, al menos, dos especies en peligro de extinción: la boa puertorriqueña y el palo de rosa. En su visita, González identificó 26 especies de árboles.

Por su parte, Lugo, quien también recorrió el parque, sostuvo que no encontró “evidencia que justificase” el corte de la mayoría de los árboles.

“El corte de los árboles transformó el entorno y microclima del área recreativa y del bosque a lo largo de la vereda Boy Scouts. La extensa escala de la actividad de corte de árboles sugiere un esfuerzo sistemático para cortar árboles grandes sin importar su estado”, dijo Lugo, quien dirige el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal federal.

En su informe de cinco páginas, resaltó que el corte de árboles “afectó severamente” el dosel del boque, “casi eliminándolo”, con consecuencias ecológicas “significativas y adversas”. “El bosque en el Parque Nacional Julio E. Monagas fue empobrecido ecológicamente por la tala excesiva de árboles grandes que no ofrecían amenaza alguna a los usuarios”, estableció Lugo, quien estimó que la recuperación tomará “varias décadas”.

En octubre pasado, El Nuevo Día reveló que el plan del DRD y el DRNA es cortar 9,925 árboles y talar otros 15,001 en 19 propiedades públicas, como resultado de los presuntos daños sufridos tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017. El costo de los trabajos asciende a $17.2 millones.

La demanda que radicaron los ciudadanos solo se limita al Parque Nacional Julio Enrique Monagas.

Ayer, la jueza Rosado Morales determinó que la vista continúa el miércoles, 10 de febrero, a las 2:00 p.m.

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