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Reciclar para detener la corrupción y el daño ambiental

La voluminosa suma que los contribuyentes pagan por la estación de trasbordo de basura del Municipio de San Juan es ejemplo del atractivo de lucro que puede desincentivar la puesta en vigor de las políticas de reducción, manejo y disposición responsable de residuos que tanto Puerto Rico necesita.

En ausencia de rigurosidad y fiscalización, otras contrataciones municipales de desperdicios sólidos, que también acarrean gastos sustantivos, se han convertido en redes de corrupción que encarecen y limitan este y otros servicios ciudadanos esenciales. El reciente récord público de acusaciones y convicciones de funcionarios de municipios del norte evidencia la proliferación de esquemas de fraude relacionados con el manejo de la basura.

Urge cambiar el rumbo y la visión del país con respecto a sus residuos. Es preciso reducir el desperdicio innecesario de tanto material que puede generar otro tipo de actividad económica más sostenible, como es el reciclaje. Ello requiere, a la vez, una nueva cultura ciudadana y empresarial, además de voluntad política y acción decidida del gobierno para acatar sus propias leyes.

En menos de 20 años, solo en el Municipio de San Juan los constituyentes han pagado entre $34.4 y $46.2 por cada tonelada de residuos sólidos que llegan a una estación intermedia antes de ser trasladados a los vertederos. En su plena capacidad, la llamada estación de trasbordo puede generar hasta $18 millones en ganancias que pudieron haberse destinado a otros servicios o ahorrarles a los contribuyentes si se hiciera cumplir la política pública para reducir y reciclar los residuos en Puerto Rico.

Estimados del gobierno apuntan a que el costo de disponer de residuos en los vertederos podría alcanzar $50 por tonelada. Entidades sin fines de lucro han calculado -con datos del Censo de 2019- que en la isla se generan alrededor de 2.8 millones de toneladas de materiales. Esto equivaldría a más de $140 millones de fondos del pueblo al año, sin contar el impacto ambiental de mantener los vertederos sobre los terrenos, el aire, el agua y la salud de la población.

La falta de cumplimiento con las políticas públicas sobre el manejo responsable de los residuos ha sido puerta a oportunidades lucrativas y, en demasiadas ocasiones, irregulares que agravan el reto de disponer de residuos en los ya sobrecargados vertederos isleños. De 29 vertederos, solo diez operan en cumplimiento, según la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). Del resto, siete cerrarán en los próximos cuatro años.

Mientras tanto, el gobierno contempla expandir ocho, ampliar los otros cuatro y construir cuatro estaciones de trasbordo más. Sin atender la raíz del problema, estas acciones prolongarán los desafíos.

Desde 1992, Puerto Rico se impuso como meta reciclar el 35% de los residuos que generaba. Nunca se ha acercado siquiera a dicha marca. Desde 2013 no ha logrado rebasar el 10%. Con la aprobación de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en 2019 (Ley 33-2019), Puerto Rico deberá reducir progresivamente la cantidad de desperdicios sólidos depositados actualmente en los vertederos en un 60% para 2030.

Tan ambicioso fin requiere de estrategias coordinadas e integradas. La EPA ha establecido, como “jerarquía de la gestión de la basura”, priorizar en prevenir y reducir la generación de residuos desde la fuente. Es decir, minimizar desde el diseño, la producción y el empaque de artículos con potencial de impacto ambiental. En dicha jerarquía, el vertedero debería ser la última alternativa para disponer de un material desechado. Esto ahorraría millones a los municipios y, por ende, al bolsillo de la gente.

Siempre habrá alguna necesidad de contratar servicios y tener vertederos hábiles en óptimas condiciones. Pero ello requiere procesos responsables y transparentes de contratación que aseguren que se lleven a cabo de forma económica y ambientalmente sostenible.

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