Las políticas de austeridad de la Junta Federal de Control Fiscal y el gobierno han limitado el acceso a la justicia al reducir considerablemente los presupuestos de las principales instituciones que protegen los derechos de las poblaciones vulnerables, tales como la rama judicial y las procuradurías.

Así se desprende del informe, El acceso a la justicia como prioridad: defensa de derechos en tiempos de austeridad, elaborado y presentado ayer por Ayuda Legal Puerto Rico.

Casi cuatro años después de que se aprobó la Ley federal Promesa y días después de que el gobierno de Puerto Rico publicara el reciente borrador del plan fiscal, el informe develado ayer -de 43 páginas- hace énfasis en que dicho estatuto no establece salvaguardas que limiten el poder de la junta fiscal a la hora de intervenir en las decisiones presupuestarias del gobierno, incluida la rama judicial.

“Esto significa que, al evaluar un plan fiscal, no se tiene que tomar en consideración si sus medidas quebrantarán los derechos de las personas o si se verán afectados servicios esenciales como la salud y la educación”, lee el informe.

Uno de los puntos que se ha debatido en la Isla desde que se comenzó a hablar de la quiebra del gobierno, ha sido precisamente la falta de una definición de qué son los servicios esenciales que se deben proteger por encima de cualquier otra consideración.

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