El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene hasta este lunes, 4 de noviembre, para entregarle a la Federación de Pescadores de Puerto Rico y Defensores del Mar los documentos relacionados con la repartición de fondos federales para la revitalización de la industria pesquera tras los huracanes Irma y María.

Esa fue la determinación que tomó ayer la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al declarar “con lugar” el recurso de “mandamus” presentado por la Federación, el pasado 30 de agosto, para tener acceso la información que la renunciante secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, tildaba de confidencial.

La jueza Roques Arroyo concluyó, en cambio, que los documentos son públicos, y que el DRNA “no cumplió con su carga probatoria” para establecer por qué la Federación no debe tener acceso a ellos.

“El Estado no esbozó razón alguna que justifique la secretividad de los documentos solicitados. Es decir, falló en demostrar que la divulgación de la información podría afectar o ser perjudicial al interés público y al funcionamiento del Estado”, reza la sentencia, de la que El Nuevo Día obtuvo copia.

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