Del 25 de julio al 1 de agosto, Ricardo Rosselló convirtió en ley 67 medidas, entre ellas, la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” y la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, que fueron ampliamente rechazadas por organizaciones no gubernamentales y gremios periodísticos.

“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley”, denunció Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en los haberes públicos.

La firma de este proyecto no fue informada, como otras, mediante comunicado de prensa de La Fortaleza. El 1 de agosto, a un día de que cobrara vigencia su renuncia como gobernador, Rosselló firmó 59 medidas.

“Dos días antes, solicitamos directamente a Rosselló, al igual que lo hicieron otras organizaciones, que no convirtiera en ley los dos nefastos proyectos y no solamente lo hizo, sino que no se lo dijo al pueblo. A esta hora, ni La Fortaleza ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia por parte de Rosselló”, puntualizó Blondet.

La medida, ahora Ley 141 del 2019, se radicó en la Cámara de Representantes para establecer “una política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública”, entre otras medidas para garantizar el acceso a la información.

LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ElNuevoDia.com