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Secretario de Recursos Naturales alega que mejoró el listado de exclusiones categóricas

Rafael Machargo dice que su nueva orden administrativa sobre las actividades que no requieren escrutinio ambiental “difícilmente se prestará a confusiones”, pero hay organizaciones que discrepan

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, aprobó un nuevo listado de exclusiones categóricas o actividades que no requieren escrutinio ambiental, con el fin “aclarar las disposiciones y atender las preocupaciones” en torno al primer documento que firmó en noviembre.

Por definición de ley, las exclusiones categóricas son acciones predecibles o rutinarias que, en el curso normal de su ejecución, no tendrán un impacto ambiental significativo. En teoría, su propósito es que puedan otorgarse determinaciones de cumplimiento ambiental automáticamente, de modo que se agilice el proceso de planificación. Más de 100 actividades estaban listadas como exclusiones categóricas, e iban desde dispensarios médicos y funerarias sin sala de embalsamar hasta construcción de verjas en concreto y mejoras a instalaciones de pozos.

Pero, el pasado 2 de noviembre, un día antes de las elecciones generales, Machargo firmó la Orden Administrativa Número 2020-17, que incluía “unas categorías un poco más generales”, en vez de una lista precisa de actividades, “para ahorrarles tiempo a los proponentes”, entre estos, la OGPe.

Dicha acción del secretario causó malestar y preocupación entre los ambientalistas, hasta el punto de que las organizaciones Sierra Club de Puerto Rico y Ciudadanos del Karso impugnaron el documento en el Tribunal de Apelaciones y solicitaron su nulidad.

En respuesta, el pasado 28 de enero, Machargo firmó la Orden Administrativa Número 2021-02 con el nuevo listado de exclusiones categóricas. La agencia solicitó, además, la desestimación de la demanda de los ambientalistas.

Entre los cambios incorporados, el secretario mencionó que “se aclaró” que las exclusiones categóricas de acciones para aprobar, autorizar o legalizar usos aplican “solo a lo que ya está construido”. “En el caso de las consultas de ubicación, no pueden conllevar construcción”, dijo.

En cuanto a las acciones de instalación, reparación, reemplazo, rehabilitación o sustitución de equipos u obras de infraestructura, “se aclaró y añadió que es para dar mantenimiento”. Igualmente, en los casos de poda de árboles y trabajos en carreteras y servidumbres, “se aclaró y añadió que deben ser labores rutinarias”.

“Las segregaciones, lotificaciones y agrupaciones no pueden conllevar obras de urbanización para ser exclusiones categóricas. Si van a construir, tienen que hacer el documento ambiental”, añadió.

Se estipuló, también, que las acciones propuestas no excederán de cinco toneladas al año de cualquier combinación de contaminantes atmosféricos criterio; que el uso para instalaciones comerciales, institucionales, almacenes y usos industriales o de servicios no excederá de mil pies cuadrados “para que no haya desarrollos desmedidos”; y se añadió el riesgo de inundación para construcciones nuevas.

“Las restricciones para que una acción u obra pueda obtener una determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica son robustas. Esa sección de la orden es bien limitante y son muy cosas las que se permiten”, sostuvo Machargo, al recalcar que la orden de noviembre “ya no tiene fuerza de ley”.

“Esencialmente la misma”

Para el abogado ambiental Pedro Saadé, quien representa al Sierra Club de Puerto Rico y Ciudadanos del Karso en el pleito ante el Apelativola acción de Machargo “es una movida de litigio” para, precisamente, desestimar el caso.

A su juicio, la orden administrativa firmada el mes pasado “es esencialmente la misma” que la de noviembre, “excepto por algunos cambios menores”.

“Sigue siendo bien problemática y objetable, y sigue siendo ilegal, porque en realidad es una enmienda al Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, que tiene unas reglas específicas de cómo se manejan las exclusiones categóricas”, dijo Saadé, al recordar que, para cambiar dicho reglamento, el DRNA tiene que activar un proceso de participación ciudadana (vistas públicas, comentarios, etc.).

“Pero nada de eso pasó aquí. Lo que hay es una metodología malísima, una orden sumaria, que lo único que requiere es una publicación en el periódico. No se escuchó a nadie, no hubo vistas públicas ni un proceso concienzudo de oír a los planificadores y tomar las decisiones correctas de dónde queremos acelerar los permisos y qué proyectos específicos se debe aprobar por exclusión categórica”, agregó.

Por otro lado, Saadé llamó la atención a que, en la moción de desestimación presentada por el DRNA, Machargo alegó que el nuevo listado de exclusiones categóricas sigue el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Específicamente, hizo referencia a que, si se reducen los análisis ambientales, los permisos se pueden emitir más rápido.

“Eso es bien significativo porque ahí hay un peligro: que algunos proyectos no pasen por el escrutinio ambiental. Eso nos lleva al problema de siempre. ¿Los permisos tardan? Sí, de acuerdo. Pero el ‘issue’ es qué permisos adelantamos. No es lo mismo un permiso para una oficina en un área urbana que para un proyecto o carretera en la costa. Esa forma gruesa de querer hacer las cosas va a ser un desastre, porque a la larga vamos a tener proyectos mal hechos o mal diseñados”, advirtió el abogado.

Agregó que, en tiempos de cambio climático y resiliencia, “no hace sentido” querer aprobar más proyectos por la vía de exclusiones categóricas.

Saadé indicó, por último, que próximamente contestarán la moción de desestimación presentada por el DRNA, “porque nos oponemos e insistiremos en que se evalúe, entonces, esta segunda orden administrativa”.

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