El juez Abid Eriel Quiñones Portalatín señaló vista por videoconferencia para el 20 de agosto a las 10:00 am en la que se atenderá la solicitud de la Junta de Planificación (JP) para que se emita orden contra el Condominio Sol y Playa bajo la que se revocaría el permiso de construcción y se tendría que demoler cualquier estructura levantada hasta ahora en el proyecto polémico de construcción de una piscina y área recreativa.

La JP presentó el recurso el viernes pasado después de una auditoría en la que determinaron que la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) actuó incorrectamente cuando emitió el permiso que ha provocado varias semanas de confrontación entre los residentes del condominio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y manifestantes liderados por el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina.

El condominio, ubicado en Rincón, tenía una piscina que quedó destruida con el huracán María y que ahora quieren reconstruir. Pero los manifestantes reclamaron, y la revisión de la JP confirma, que esa reconstrucción se pretendió hacer sobre la base del permiso que habían obtenido para la construcción inicial de la piscina, aunque el mismo ya no es válido por cambios en la zona y por cambios en la propia obre que se pretende hacer.

El juez superior de Aguadilla concedió también hasta el 18 de agosto a la parte demandada, Sol y Playa Corp., para que contesten la demanda. Sol y Playa Corp. no aparece con ese nombre como una entidad registrada para realizar negocios en la Isla en el Departamento de Estado. Sin embargo, desde el 1998, el Departamento de Hacienda tiene designada como entidad sin fines de lucro a la Asociación de Condómines Condominio Sol y Playa. Además, los documentos del permiso de construcción en las agencias tienen a Sol y Playa Corp. como entidad a cargo.

La JP presentó la demanda usando su equipo legal interno, la abogada Ashley La Torre Navarro y el jefe de la División Legal, Héctor Morales Martínez, aunque la agencia también mantiene a un grupo de contratistas externos que presentan recursos en su nombre.

A pesar de que el DRNA es la agencia que más ha estado en el ojo público en relación a este proyecto, debido a actuaciones contradictorias de su secretario, Rafael Machargo, y a su falta de acción en cuanto a la sensibilidad ecológica del área como zona de anidaje de tortugas, la demanda de la JP se concentra en argumentar las fallas de OGPe en el manejo del permiso para el proyecto. Lo que se enfatiza sobre el DRNA es que no se desprende que el DRNA haya endosado la construcción de las facilidades propuestas de piscinas, gazebos, baños, aceras, rampas e instalación de geotubos, según contempladas en los planos”.

La JP pide al tribunal tres remedios específicos: 1) revocación del Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2020-344034-PCOC-010841 y por consecuencia todo permiso posterior otorgado en virtud de este permiso; 2) paralización de toda obra de construcción realizada en la propiedad bajo este permiso y 3) demolición de todas las obras de construcción realizadas bajo este permiso.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ha defendido a Machargo y también ha enfrentado cuestionamientos sobre las actuaciones de las agencias en el caso, particularmente porque uno de los titulares es un primo suyo que ha sido contratista del gobierno en varias administraciones y que integró el equipo de trabajo de la campaña del gobernador.

La Cámara de Representantes investiga las actuaciones de las agencias en este caso y ya emitió un referido contra Machargo. En la continuación de las vistas el lunes, el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández Rodríguez, dijo que no recibió instrucciones por parte de La Fortaleza sobre este permiso pero consignó que esa obra es la única que ha provocado que lo citen para una reunión en la Mansión Ejecutiva. La misma fue a fines de mayo y la convocó Idelfonso Ruiz, a quien el Gobernador ha designado como coordinador y enlace con las agencias para el tema de permisos.

En la reunión estuvieron también la licenciada Edmée Zeidan Cuebas, asesora legal de Hernández Rodríguez, y Yolanda Díaz, otra funcionaria enlace entre la agencia y La Fortaleza. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara tiene citada para hoy a la secretaria de la Gobernación, Noelia Garcia, para una comparecencia “indelegable” y el miércoles a Machargo.

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