La crisis en el manejo de desperdicios sólidos, una problemática que el gobierno ha fracasado en atajar por al menos las pasadas tres décadas, no parece tener una solución concreta en el horizonte.

Más bien, la crisis parecería estar agudizándose según se acumulan las órdenes de cierre de vertederos y se agota la vida útil de aquellos que todavía operan bajo los parámetros de las regulaciones estatales y federales que los cobijan.

En entrevista con Metro, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, expresó que el manejo de la basura en Puerto Rico se encuentra al presente “en una transición”, si bien fueron pocos los detalles provistos en términos de la política a futuro para revertir la realidad que ha impedido, por ejemplo, que se cumpla con los objetivos de reciclaje que se han fijado por ley desde la década de 1990.

“Estamos en una transición porque hay vertederos que no cumplen con el subtítulo D y poco a poco, con la disponibilidad de fondos, estamos transicionando a un sistema con un poco menos vertederos pero que cumplan con el subtítulo D”, planteó Machargo.

El subtítulo D al que aludió el titular del DRNA se refiere a las disposiciones relacionadas con el manejo de desperdicios sólidos “no peligrosos” contenidas en la Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), el estatuto federal por el que se rigen las operaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), así como las regulaciones sobre los vertederos.

De acuerdo con el portal de la EPA, las regulaciones del subtítulo D incluyen las prohibiciones al depósito de basura en espacios abiertos y establecen los requisitos federales mínimos para la operación de vertederos municipales e industriales, “incluyendo criterios de diseño, restricciones de ubicación, garantías financieras, acciones correctivas y requerimientos de cierre”.

Machargo precisó que, al momento, en Puerto Rico existen unos 29 vertederos en operación, de los cuales 12 deben cerrarse “en este cuatrienio”, 10 aún tienen capacidad para recibir basura por 20 años o más y siete tienen “potencial para expansión lateral”, lo que extendería su vida útil.

Al cierre de esta edición, el DRNA no había provisto el listado de los vertederos activos con el detalle de la información ofrecida verbalmente por Machargo, que difiere de las conclusiones a las que, recientemente, ha llegado la EPA.

En el 2018, luego del paso del huracán María, la EPA realizó estudios sobre la capacidad restante en unos 29 vertederos del país. De ellos, solo el vertedero de Yauco contaba en aquel momento con una vida útil estimada de sobre 20 años. Otros cinco –Carolina (13-14 años), Juana Díaz (10-11), Ponce (14-15), Salinas (17-19) y Vieques (11-12) sobrepasaban la década de vida proyectada.

En algunos casos, como ocurría con los vertederos de Arroyo, Añasco, Humacao, Toa Alta y Toa Baja, la vida útil en 2018 era de menos de un año, mientras que otros, como en el vertedero Ecosystems, en Peñuelas, contaban con planes de expansión que extenderían la vida útil del lugar por décadas.

Paralelamente, en el portal de la EPA se hace constar los planes de cierre de unos 12 vertederos, incluyendo nueve que, al menos hasta 2018, continuaban en operación. Si bien es cierto que las órdenes de cierre establecen una fecha para la conclusión de las operaciones de relleno sanitario, los municipios y la agencia federal pueden posteriormente acordar enmiendas que ajusten las condiciones para el cese del depósito de basura.

“Las ordenes de cierre se dan luego que algunos vertederos no cumplieran con cierres voluntarios que se dieron a fines de los 90 bajo la administración de Pedro Rosselló”, indicó por escrito una portavoz de la EPA.

La región 2 de la EPA, a la cual está adscrita la isla, envió unas declaraciones referentes a la situación con el vertedero de Moca, cuyas operaciones fueron paralizadas hace unas semanas por una orden del alcalde, Ángel Pérez Rodríguez, quien entendió que estaba operando de manera peligrosa para los vecinos del pueblo.

“La EPA emitió una Orden Administrativa de Consentimiento para el relleno sanitario el 26 de septiembre de 2014, requiriendo, entre otras cosas, el cierre del Vertedero Moca, que se considera un vertedero abierto, definido en el 40 CFR Parte 258. La EPA está revisando un borrador del plan de cierre requerido por la Orden y monitoreando el cumplimiento del Vertedero de Moca con la Orden de Consentimiento. La EPA evaluará todas las opciones de aplicación según corresponda, incluida la evaluación de las sanciones estipuladas”, señaló la dependencia ambiental.

Machargo reconoció el problema con el relleno sanitario en Moca, aunque dejó en manos de los tribunales una resolución, así como la situación en el vertedero de Toa Alta, donde por años vecinos se han quejado de pestilencia y la percolación de lixiviados hacia sus hogares.

“Hay un incumplimiento craso de las alturas, los aludes, el manejo de lixiviados que afecta a los vecinos. Es un nivel de incumplimiento que no es tolerable continuar operando. Se le han dado oportunidades y no cumplen y es un peligro para la salud”, dijo Machargo sobre el vertedero de Toa Alta, del que añadió que “estamos trabajando en una orden para cancelarle el permiso”.

El secretario no mostró alarma ante la posibilidad de que se reduzca en el corto plazo las alternativas para el depósito de basura, al asegurar que los municipios que recurrían a dichos vertederos ya han encontrado alternativas en otros pueblos.

Los municipios, de acuerdo con la “Ley para la reducción y reciclaje de desperdicios sólidos” (Ley 70-1992) deberían jugar un rol fundamental en el manejo y reducción de la basura que se genera en la isla. Sin embargo, la cantidad de ayuntamientos que cuenta con un plan de reciclaje aprobado por el DRNA, como lo mandata la Ley 70, ronda los 20, indicó Machargo.

El estatuto es el mismo que establecía que, para el 2006, se debía reducir en un 35% la cantidad de desperdicios sólidos utilizados como relleno sanitario. En 2019, la Ley 70 fue enmendada nuevamente para disponer que, para el 2030, los desperdicios depositados en vertederos se redujeran en 60%.

Metro solicitó al DRNA las comparativas anuales de desperdicios sólidos y reciclaje, pero la agencia tampoco las proveyó.

“Es difícil promover el reciclaje cuando la estructura de costos no lo favorece, le sale más barato a los municipios llevar la basura al vertedero que llevarla a un centro de reciclaje, que le cuesta más hacer ese trabajo. Hay que reestudiar la estructura de costos para que favorezca la alternativa del reciclaje”, expresó Machargo al cuestionársele por el histórico incumplimiento con los objetivos de reducción de desperdicios sólidos.

“No controlamos los mercados, que lo controlan los países externos, como los países asiáticos, que de buenas a primeras cierran un mercado que hasta hace poco tenían (como los) de cartón, de neumáticos, de plástico. Hasta hace poco recibían las cajas de pizza y de un momento a otro decidieron no recibirlas. Cada vez los mercados extranjeros cambian los requisitos para el registro de materiales y eso también afecta los costos. Hasta que no se desarrolle una industria nativa de reciclaje, no se va a poder crear un mercado en el que se pueda depender y hacer planes a largo plazo”, lamentó el secretario.

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