La pesquisa de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación sobre la eliminación de siete reservas naturales por la vía ejecutiva concluyó que la acción del gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Planificación fue ilegal.

El presidente de la Sociedad, David Carrasquillo, indicó ayer que, contrario a lo alegado por Rosselló y la Junta, las reservas se designaron conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según la investigación.

Se determinó, además, que las reservas pasaron por la debida evaluación al ser incluidas tanto en el Plan de Uso de Terrenos como en los planes de ordenación territorial de los municipios que las albergan.

“El alegato de la Junta y el proceder del gobernador son incorrectos e ilegales. Todas las reservas cumplían con los requisitos en ley para su designación”, dijo Carrasquillo a El Nuevo Día.

El pasado 3 de julio –y siguiendo recomendaciones de la Junta–, el gobernador firmó dos órdenes ejecutivas dejando sin efecto las delimitaciones de las reservas naturales de Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona.

Entre otras cosas, el Ejecutivo indicó que las reservas se designaron sin participación ciudadana. Sin embargo, la investigación de la Sociedad encontró que solo en un caso no hubo vistas públicas, “y no eran necesarias porque el terreno es propiedad del estado”, indicó Carrasquillo.

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