La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó hoy que convirtió en ley el proyecto senatorial que prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico.

La nueva ley obligará a que la firma AES Puerto Rico, la única que usa el carbón para producir electricidad en la isla, saque del país toda la ceniza que produzca dentro de un periodo de 180 días, a menos guarde estos residuos de la combustión en contenedores encapsulados tipo silo.

“Hoy firmamos esta medida, ya que es nuestro deber velar por el bienestar de la ciudadanía y proteger su salud. Esta ley trae paz y tranquilidad a muchos puertorriqueños que llevan años reclamando por una mejor calidad de vida. Debemos siempre procurar un justo balance entre la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la calidad del ambiente y la búsqueda de las formas de energía renovable para beneficio de nuestra isla”, expresó la mandataria en una comunicación escrita.

Líderes comunitarios y ambientales, que desde hace años lideran la oposición a la disposición de estas cenizas en la isla, aguardaban desde temprano por la determinación de la mandataria, que tenía hasta el jueves de la semana que viene para convertir en ley o vetar la iniciativa del senador Larry Sailhamer.

“No estamos agradecidos. Estamos complacidos. Nos enfrentamos a un ejército corrupto del gobierno que se vendieron a los grandes intereses… Pasó con los populares y los penepés”, dijo Jimmy Borrero, portavoz del campamento que desde hace más de tres años se mantiene en los alrededores del vertedero de Peñuelas, donde se intentó disponer de las cenizas que produce la planta de AES en Guayama.

“Ahora tenemos que luchar para que cierren la planta de carbón, para que no nos sigan envenenando”, dijo Borrero.

El líder comuntiario recordó que en el verano del 2017 el Departamento de Justicia presentó cargos criminales en su contra por supuestamente agredir a un chófer que intentaba llevar cenizas hasta el vertedero. Este caso, que Borrero describió como una “fabricación”, ocurrió mientras la propia gobernadora fungía como secretaria de Justicia.

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