Puerto Rico necesita un mercado energético abierto donde no se “perpetúe” el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se dé paso al modelo de generación eléctrica distribuida, a juicio del representante de Windmar Group, Marc Roumain Prieto.

“La única manera en que el Plan Fiscal de la AEE puede ser verdaderamente transformador, crear las bases para el desarrollo económico y atender las tendencias de cambio en la población es permitiendo la competencia”, dijo Roumain, al agregar que en tiempo reciente, la AEE se ha convertido en un balón político. Ello, en lugar de desempeñarse como “la joya de la corona del gobierno”, una frase que han utilizado políticos y sindicatos para describir a la AEE.

Roumain hizo sus expresiones en la primera sesión de diálogo para revisar el Plan Fiscal que llevó a cabo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al final de la semana pasada.

El pasado 31 de octubre, el organismo federal determinó revisar el documento que busca cuadrar el presupuesto y restaurar el acceso del gobierno a los mercados de capital, a raíz de los estragos causados por el huracán María. Dicho plan contemplaba en principio, recortar el gasto público en 30% al cabo de tres años fiscales.

El ejecutivo de Windmar señaló al ente federal que Puerto Rico necesita un mercado energético donde los consumidores tengan alternativas, pues la competencia “verdadera” reducirá el precio de la electricidad.

“Un mercado donde los consumidores puedan escoger proveedores de energía, incluyendo la generación propia; un mercado abierto donde todas las fuentes de energía compitan en un mismo nivel”, agregó el contador público.

Roumain agregó que las nuevas tecnologías energéticas suponen un cambio en la gestión de ese recurso y tras el desastre, urge dar paso a la creación de microrredes y al uso de fuentes renovables en la isla, acciones que sentarán las bases para la recuperación económica. En paralelo, sostuvo que si el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE busca restablecer dicha corporación, ello no puede resultar en un monopolio, sea público o privado.

Windmar es propiedad del empresario Víctor L. González, también fundador de Cemento Elefante Rojo y mantiene un contrato de venta de electricidad con la AEE. La firma habría invertido unos $100 millones en activos solares durante los pasados siete años y emplea sobre un centenar de personas en la isla.

Como parte del proceso de bancarrota de la AEE, el gobierno ha solicitado a la corte autorización para rechazar decenas de contratos que serían onerosos, lo que podría incluir acuerdos de compra de energía con proveedores privados como AES, EcoEléctrica y Windmar, entre otros.

De acuerdo con Roumain, en lugar de “sobrerregular” el sector de energía, Puerto Rico debe insistir en el cumplimiento de la reglamentación ambiental a nivel estatal y federal, un asunto que no se atendió en el Plan Fiscal de la utilidad pública, ahora al borde deun verdadero colapso financiero una vez el huracán María desarticuló la red eléctrica de la isla hace casi dos meses.

La AEE se encuentra en un proceso de ajuste de deudas en corte a través del Título III de Promesa, utilizando como hoja de ruta el plan de la corporación pública. Dicha propuesta, contemplaba que la AEE entraría en un programa de mejoras capitales para cumplir con la reglamentación de calidad del aire, pero postergaba por casi una década, la diversificación de sus fuentes de energía incorporando tecnologías renovables.

La postura de la JSF en materia energética apuesta a privatizar esa actividad en la isla, una visión que, en esencia, quedó plasmada en la ley federal PROMESA.

Tras las declaraciones del ejecutivo, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y la directivo Ana Matosantos afirmaron que el Plan Fiscal de la AEE, que también será reconfigurado para reflejar el impacto económico del ciclón, procurará la inserción del sector de energía renovable y la apertura del mercado energético en la isla.

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