“Cuando yo comencé como Alcalde, Aguadilla es una ciudad que está frente al mar, frente al Océano Atlántico, pero el mar no se veía. Era como el Condado, que tiene mucho edificio viejo, casas viejas. Lo que yo hice fue que yo compré todas las casas frente al mar, todos los edificios y monté este paseo peatonal”, reveló el ejecutivo municipal, Carlos Méndez Martínez.
La afirmación del funcionario —quien lleva 22 años al mando de la ciudad costera— apalabra el miedo de las comunidades más desventajadas de ese y todos los pueblos de Puerto Rico, quienes luego del huracán María se enfrentan a la constante amenaza de ser desplazadas en nombre del desarrollo económico y las inversiones millonarias. El temor se basa en la confluencia de iniciativas agresivas por parte del gobierno federal y el gobierno central para “inyectar” la economía, ya sea mediante la construcción de viviendas de un valor mayor al de los edificios de su entorno o negocios que sustituyan estructuras residenciales.
Esta ofensiva estatal es encabezada por el programa de las Zonas de Oportunidad, que supone “estimular las inversiones privadas en comunidades con dificultades económicas a través de poderosos incentivos fiscales”, según el secretario del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson. El Gobierno de los Estados Unidos declaró el 95% de Puerto Rico como una “Zona de Oportunidad Cualificada”. La designación surgió luego de que el fenómeno atmosférico perjudicara a más de 200,000 viviendas en la Isla, dejara al gobierno sin infraestructura operacional y destrozara el sistema de energía eléctrica.
La determinación federal recibió eco local en mayo de 2019, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la legislación que estableció los parámetros de las Zonas de Oportunidad, áreas que recibirían un trato prioritario en el orden de prioridades de todas las agencias públicas. El estatuto posteriormente fue derogado, porque sus disposiciones fueron incorporadas al Código de Incentivos, en donde se especifica que los negocios exentos tendrán un 25% de exención sobre patentes municipales, arbitrios municipales y otras contribuciones municipales impuestas por cualquier ordenanza municipal.
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