Aparte de la polémica que levantó la colocación del Cayo Icacos dentro del catálogo de propiedades y lotes de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), dentro de la herramienta digital para ver estas propiedades hay un mapa de Puerto Rico que revela que otra de las propiedades del estado incluidas en dicho catálogo resulta ser la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste.
Según la herramienta, disponible en el portal businessinpuertorico.com, el área disponible se cataloga como ocupada y consiste de tres lotes que cubren unas 512.37 cuerdas de terreno. Estas se extienden desde el límite entre Fajardo y Luquillo hasta el área norte de la laguna Aguas Prietas.
Tras las múltiples aclaraciones hechas tanto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como el propio secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, este medio intentó obtener una reacción por parte de Laboy sobre la presentación de estos terrenos en la página. No obstante, Laboy no estuvo disponible por haber salido de la Isla para un viaje a San Francisco.
De igual modo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acudió a su cuenta Twitter para reiterar: “Es importante dejar claro que la política pública de esta Adminsitración va dirigida a garantizar la protección de nuestros recursos naturales. Por tanto no se venderá ni se alquilará propiedad alguna que haya sido delcarada como reserva natural. Punto”.
Empero, la aparente disponibilidad de venta de terrenos del Corredor ha levantado preocupación para la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. Según el presidente de esa organización, Cristóbal Jiménez, si estos territorios en efecto se han puesto a la venta, sería contrario a la ley de la que designa ese terreno como el Corredor Ecológico del Noreste.
Dicho estatuto – ley 8 del 2013 – establece como política pública: “la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. Según Jiménez, esta movida además pone en entredicho la intención de la administración de gobierno en desarrollar el tercer sector y el turismo en estas zonas.
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