Primero, la Agencia de Protección Ambiental federal y la extinta Junta de Calidad Ambiental permitieron que la multinacional AES acumulara casi medio millón de toneladas de cenizas de carbón en su sede industrial de Guayama, creando así una colosal montaña que en el 2019 llegó a cubrir siete cuerdas de terreno y alcanzó la misma altura que una torre de 12 pisos.

Ambas agencias permitieron además que desde el 2012 la carga tóxica de esas cenizas traspasara el suelo y envenenara las aguas subterráneas de la zona con peligrosas concentraciones de litio, selenio, molibdeno y arsénico, químicos que en conjunto pueden provocar daño genético e, incluso, ser letales a organismos vivos.

El pasado martes, sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental rompió con años de inacción, consentimiento e impunidad para apuntar su dedo contra AES Puerto Rico y advertirle que el plan elegido por la carbonera para remediar la contaminación – la Atenuación Natural – no elimina los tóxicos que las cenizas transfirieron al suelo y acuífero de Guayama. Por consiguiente, no cumple con las expectativas de la agencia federal.

Tras objetar durante años que sus residuos de la quema de carbón liberaban concentraciones nocivas de metales pesados y otros químicos dañinos, el 14 de enero de 2019 AES Puerto Rico se vio forzada a admitir lo contrario y el 1 de junio de 2020 la empresa determinó que emplearía el método de Atenuación Natural Monitoreada para que la naturaleza misma se hiciera cargo de la limpieza de los tóxicos.

Plan inútil

“Estos mecanismos no cumplen con el requisito establecido de eliminar del medioambiente la mayor cantidad de material contaminado que sea factible, y es posible que no cumplan con el requisito establecido de proteger la salud humana y el medioambiente”, sentenció el pasado 11 de enero el director de la División de Terrenos, Sustancias Químicas y Redesarrollo para la Región 2 de la EPA, Ariel Iglesias.

“En otras palabras, los constituyentes liberados en AES son átomos, y los átomos no se degradan ni descomponen a través de ningún proceso natural a menos que sean radioactivos”, agregó el funcionario en una meticulosa declaración escrita al presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga Serfaty.

En la misma, Iglesias también rebate que el remedio escogido por la empresa sea el indicado para descontaminar el acuífero “independientemente de que se esté usando como fuente de abasto de agua potable” y levanta interrogantes sobre la barrera que la carbonera construye en su solar del barrio Jobos para evitar que los desechos grises sigan contaminando el suelo. 

Asimismo, cuestiona por qué la carbonera empleará cenizas – las que AES llama Agremax – como material de relleno para esa barrera, cuando precisamente es el Agremax la fuente constatable del daño al recurso natural.

Para su argumento, Iglesias explica que evaluó un voluminoso informe preparado para AES por la compañía Haley Aldrich, documentos provistos por la carbonera y un análisis pericial presentado por el Comité Diálogo Ambiental, en unión a la organización de derecho ambiental Earthjustice.

También Iglesias ponderó el insumo de llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas con ejecutivos de AES.

Aun así, al cierre de su carta de cumplimiento a Bolinaga Serfaty, el funcionario reitera que la Atenuación Natural y las medidas correctivas propuestas por la carbonera son “insuficientes” para cumplir con los requisitos de la agencia y notifica que AES ha fallado en entregar a la EPA “información detallada requerida”.

Por tal motivo, anuncia que espera respuesta de AES “en el futuro próximo”.

Los señalamientos de Iglesias se produjeron al cumplirse dos meses de que los congresistas Nydia M. Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, Raúl M. Grijalva, Adriano Espaillat, Jerrold Nadler, Jesús “Chuy” García y Steve Cohen exigieron por escrito que la EPA investigue los lugares que en Puerto Rico han sido rellenados con cenizas de carbón y que obligue a AES a restaurar “a su condición original” los suelos y aguas subterráneas contaminadas.

Las declaraciones de Iglesias además afloran a casi cuatro años del primer reportaje especial de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, donde se constata el daño al acuífero de Jobos con tóxicos de las cenizas de AES.

¿Justicia tardía?

“Es lamentable que la EPA haya tardado tanto en percatarse que la Atenuación Natural Monitoreada y otros asuntos que propone AES, como la instalación de un liner (barrera) no van a funcionar”, puntualizó en entrevista con este semanario la abogada e integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, Ruth Santiago Quiñones.

“Pero peor es que AES sabe todo esto. Lo saben sus peritos, pero es su actitud, la que siempre hemos visto con AES, un desprecio intencional, de una negligencia crasa por el recurso, por el cuerpo de agua, por el potencial impacto en el ecosistema marino y que posiblemente pueda hasta llegar a humanos”.  

Sobre la carta de cumplimiento y el inusitado interés de la EPA por que se cumpla la reglamentación federal asignada a las carboneras, Santiago Quiñones opinó que se trata de “un paso importante en la dirección correcta”. 

“Que la EPA diga ‘Mira, esto que está proponiendo AES no funciona, no es la solución. Tiene que haber una verdadera limpieza, tiene que garantizarse que cualquier colocación futura de estas cenizas tóxicas no pueda traspasar y llegar de nuevo al acuífero’ lo interpretamos como una buena señal”. 

“Lamentablemente”, continuó, “la esperanza de que esta administración de la EPA haga justicia depende de la presión, de la movilización y la gestión de las comunidades. Hay que mantener la presión a la EPA para que continúe actuando y atendiendo estos peligros y estas amenazas a la vida misma”, añadió.

Por su parte, como portavoz del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, José Manuel Díaz Pérez, resaltó que la imprevista intervención fiscalizadora de la EPA “lo que hace es validar lo que desde hace tanto tiempo hemos denunciado: que la AES tiene que buscar la forma de descontaminar esas aguas”. 

“Pero más aun, esa carta lo que hace es literalmente darle una bofetada al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que, como sabemos, había aprobado el plan de mitigación a través de la creación de este vertedero que, para nosotros, es un tremendo disparate”. 

“La AES tiene los días contados”, sentenció, “y esto ha sido un reversazo total a lo que ellos esperaban iba a seguir siendo la tiraera de toallas bajo la administración Trump y el gobierno actual de Pierluisi”. 

Desde el 5 de enero de 2016, La Perla del Sur ha solicitado entrevistas con ejecutivos de AES Puerto Rico. Primero, para la serie de reportajes Bomba de tiempo, las cenizas de carbón, publicada en alianza con el Centro de Periodismo Investigativo y una veintena de medios de comunicación del país y el exterior.

Luego, con motivo de la radicación de proyectos de ley para prohibir el uso y disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico. Ninguna de las peticiones ha sido concedida.

La última solicitud, formulada personalmente a Bolinaga Serfaty en predios del Capitolio de Puerto Rico, fue aceptada el 10 de octubre de 2019, pero tampoco se concretó.

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